La Oficina del Defensor del Pueblo ha decidido incluir al ayuntamiento cacereño en el informe que se eleva anualmente a las Cortes Generales, debido a su falta de colaboración respecto a la situación de la cantera del Pradillo. Así lo ha confirmado Adenex, que considera que esta explotación es ilegal.
Según un informe del Defensor del Pueblo, "la ausencia de respuesta, expresiva de la falta de colaboración de la Administración para cumplir con el deber legal", es la causa por la que el ayuntamiento será denunciado ante las Cortes.
Esta situación se remonta al año 1999, cuando la citada asociación conservacionista denunció ante la institución que preside Enrique Múgica la pasividad del Ayuntamiento de Cáceres ante esta cantera, explotada por Aridos Nuñez, y situada en terrenos especialmente protegidos.
Desde entonces, la Oficina del Defensor del Pueblo ha requerido al ayuntamiento el cierre de la explotación del Pradillo. Asimismo, Enrique Mújica le viene exigiendo de forma continuada información acerca de las actuaciones que se están llevando a cabo para restablecer la legalidad urbanística de la cantera.
Adenex lamenta esta actuación del ayuntamiento y la considera "muy grave", puesto que incumple su obligación de restaurar la legalidad urbanística en la explotación. Además, cuestiona su decisión de no colaborar con un organismo como el Defensor del Pueblo.
La posición del ayuntamiento, explica el colectivo ecologista, "es reflejo de la política urbanística y ambiental insostenible y no respetuosa con la legalidad"; política que es incompatible con las aspiraciones de reconocimiento europeo, según Adenex.
