Los imputados por el ‘caso de las cárnicas’ arrojaron 500 toneladas de residuos en vertederos en lugar de destruirlos, tal y como obliga la ley. Así lo recoge la Guardia Civil después de que haya concluido la investigación y el juez haya levantado el secreto de sumario sobre el caso. Tal y como avanzó este diario en octubre, la benemérita realizó varios registros en empresas cárnicas de la provincia de Cáceres e incautó gran cantidad de documentación dentro de una actuación que investigaba un presunto delito contra el medioambiente en la gestión de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.

Al respecto, la Guardia Civil precisó ayer que la investigación, a la que han denominado ‘Dispendium’, se ha saldado con diez personas detenidas y otras diez investigadas. Además se han imputado penalmente cuatro empresas acusadas de delitos contra los recursos naturales y delitos continuados de estafa, falsedad en documentos oficiales, públicos y mercantiles. Para ello, la benemérita ha realizado cinco entradas y registros en instalaciones y establecimientos cárnicos en Cáceres y Salamanca, han inspeccionado dos empresas vinculadas con el transporte de animales vivos y se han incautado 10.000 documentos.

LA INVESTIGACIÓN // Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Comandancia de Cáceres, y se iniciaron en el mes de agosto del 2017 «tras detectarse en una inspección rutinaria el tráfico y uso indebido de documentación, de carácter oficial, supuestamente falsificada, que amparaba el transporte de animales vivos (ganado de lidia), con destino a la celebración de festejos taurinos populares». Se abrió entonces una línea para investigar el control de los documentos para transportar subproductos de origen animal. El tratamiento de estos residuos está sometido a un estricto control y la ley prohibe expresamente que se depositen en vertederos y obliga a su destrucción. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3.

Finalmente, la Guardia Civil constata que en su ‘modus operandi’ los imputados «estampaban en la documentación sellos de empresas inactivas para dar apariencia de validez y legalidad a esta actividad» e identifican «conductas relacionadas con la desviación y gestión fraudulenta de un volumen aproximado en torno a los 500.000 kilogramos de subproductos que no fueron entregados en las plantas de tratamiento o destrucción sino que se depositaron en muladares a disposición de la fauna silvestre, sin obviar otros perjuicios graves para el medio ambiente, en particular teniendo presente que estos hechos se han ejecutado en enclaves declarados como Espacios Naturales Protegidos, incluidos en la Red Natura 2000».