El exjefe de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, otros dos funcionarios de esta administración y un agente de seguros se sentarán el próximo 30 de septiembre en el banquillo de los acusados por un delito continuado de prevaricación y falsificación de documentos oficiales cometidos en "connivencia" con el presunto objetivo de anular denuncias de tráfico a una serie de conductores.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial en juiciará así este supuesto caso de corrupción en la Jefatura de Tráfico cuatro años después de que se destapara y se detuviera a los presuntos autores, hoy en libertad provisional. Además de los cargos de falsedad y prevaricación, los funcionarios están imputados por otro delito de negociaciones prohibidas a empleados públicos.
Los cuatro imputados se enfrentan a una pena de prisión de seis años, además de a la inhabilitación como empleados públicos de entre seis a 15 años y a multas de diversa cuantía, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía. El abogado defensor del exjefe de Sanciones J. C. V. solicita, por el contrario, la absolución.
TREINTA Y DOS TESTIGOS El esperado juicio se prevé largo. Además de los acusados, están llamados a declarar 32 testigos, solo por la parte de la acusación pública, de ellos cuatro agentes de la Guardia Civil y algunos de los conductores que supuestamente se beneficiaron de las anulaciones irregulares de las multas. A estos testigos, habrá que sumar los propuestos por las defensas de los encausados.
El caso saltó a la luz pública en noviembre del 2004 tras la detención, a finales de octubre, de los tres funcionarios públicos y del agente de seguros. El arresto fue fruto de la investigación llevada a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres tras sospecharse ciertas irregularidades en la anulación de las sanciones.
J. C. V., exjefe del negociado de Sanciones y abogado, se valió de su privilegiada situación en la Jefatura Provincial de Tráfico, "en connivencia" con el resto de los acusados, para "solucionar el problema " con "abultadas denuncias" de tráfico a conocidos y otras personas que acudían al despacho de abogados que tenía abierto este funcionario, según relata el escrito de acusación de la Fiscalía. Los acusados actuaron, dice la fiscal, de una forma "llamativamente altruista".
El presunto modus operandi consistía en hacer un rescurso de alzada contra la denuncia en su trámite administrativo en base a que no se había tenido en cuenta un escrito de alegaciones previo que resultaba ser falso y que realizaban supuestamente a posteriori los acusados con un sello de registro de la Jefatura que habían duplicado, con lo que podían poner una fecha falsa de presentación y, al no haberse tenido en cuenta, obligaba a anular la denuncia.
