El caso del rapto de tres menores, del que se acusa a una pareja que a finales de agosto del 2004 se llevó a la fuerza a sus tres hijos de entre 1 y 7 años del centro de acogida Julián Murillo, llega a juicio. Según ha podido saber EL PERIODICO, los acusados serán juzgados casi dos años después, concretamente el día 15 del próximo mes de febrero en el Juzgado de lo Penal.

La pareja, integrada por Julio P. B., de 42 años, y Sonia B. J, de 30, se enfrentan a un total de 7 años de prisión --a cuatro él y a tres ella--, que son las penas que para ellos solicitan tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, que en este caso ejerce la Junta de Extremadura, que es la que tiene la tutela de los tres menores. Por su parte, el abogado de la defensa, Celestino Sánchez, pide la absolución.

A Julio P. B. imputan el fiscal y la acusación un delito de sustracción de menores, por el que piden 3 años de prisión; un delito de amenazas, por el que piden 1 año; y una falta de lesiones, por el que solicitan se le imponga una multa de 610 euros. Y a su mujer se le acusa sólo del delito de sustracción de menores, por el que se pide para ella 3 años de prisión. Además, se solicita que se imponga a ambos acusados la prohibición de aproximarse y comunicar con sus tres hijos durante 5 años y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad durante 6 años.

La defensa pide la absolución de ambos, por considerar que son inciertos los hechos que se les imputan y considerar, por tanto, que lo sucedido no es constitutivo de delito.

LOS HECHOS Los hechos por los que el 15 de febrero serán juzgados Julián B. y Sonia B., que durante meses han estado en paradero desconocido y que al parecer se encuentran en la actualidad trabajando en Valencia, ocurrieron el 30 de agosto del 2004.

Los hijos de la pareja, dos niños y una niña que entonces contaban 7 y 5 años y 10 meses respectivamente, y cuya tutela tiene asumida la Junta de Extremadura por resolución de fecha 24 de junio del 2004, dictada por la Dirección General de Infancia y Familia, se encontraban internados en el centro de menores Julián Murillo, donde los padres podían visitarles sólo una vez al mes y siempre en presencia de un educador del centro.

Pese a ello, según recoge el fiscal en su escrito de calificación, sobre las nueve de la mañana del 30 de agosto del 2004 el padre acudió al centro y "entre insultos y gran agresividad verbal" le dijo al director que "la situación de sus hijos no iba a quedar así" y que "iba a hacer algo gordo para que se enterara".

Posteriormente, sobre las once, la pareja acudió de nuevo al centro para ver a sus hijos "y sobre las 11.45 horas, cuando estaban todos juntos en una de las salas de visita, el matrimonio cogió a los pequeños y emprendió la huída, lo que intentó impedir un vigilante de seguridad, al que Julio agredió con una cadena de eslabones de hierro mientras la esposa sacaba a los menores y les introducía en su vehículo".

La huída les llevó por distintas provincias españolas hasta que, a las 13.00 horas del 1 de septiembre, fueron detenidos por efectivos policiales en Avila.