Los tres bomberos a los que la diputación impuso hace ya casi un año una sanción disciplinaria por "presuntos insultos o desconsideraciones hacia la autoridad" defenderán su inocencia el próximo lunes ante el juez.
Los afectados recurrieron judicialmente la suspensión de tres meses de empleo y sueldo con que pretenden castigarles por su actuación en el pleno del 30 de diciembre del 2005, y el caso habrá de resolverlo ahora el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Cáceres, donde se celebrará el juicio.
Todo se deriva de aquel polémico pleno al que numerosos bomberos asistieron para demandar el cumplimiento de los acuerdos que los responsables de la diputación habían alcanzado con sus representantes sindicales y que les llevó a suspender la huelga de hambre. La intervención de algunos responsables de la institución provocó abucheos, pitidos... por los que se abrió expediente disciplinario a nueve bomberos, además de poner el asunto en manos de la Fiscalía por si de su acción pudiera derivarse alguna infracción penal.
La Fiscalía consideró que los bomberos acusados podrían haber incurrido en una falta de desobediencia a la autoridad, por lo que cursó acusación contra ellos. Posteriormente, ante la incomparecencia de los letrados de la diputación al juicio, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 dictó en junio del año pasado sentencia absolutoria para los nueve bomberos acusados.
El proceso penal se cerró, pero no así el expediente administrativo, que finalmente quedó archivado para seis de ellos, pero no para Domingo Macías, bombero del parque del Sepei de Cáceres, y José Blázquez Torres y Angel Fernández, jefes de salida de los parques de Cáceres y Navalmoral respectivamente.
En el caso de estos se consideró que eran merecedores de sanción disciplinaria y se les impuso como tal la suspensión de empleo y sueldo por tres meses, lo que supondría para cada uno de ellos una pérdida de unos 6.000 euros. En desacuerdo, los tres recurrieron a la vía judicial.
Según su abogado, los tres niegan las infracciones graves que por insultos o desconsideración hacia la autoridad se les imputan, "pues en todo caso se trató de una actuación de crítica política, no de ánimo ofensivo contra nadie en concreto".
