CCOO considera un "caos" la implantación de la Oficina Judicial de Cáceres

José Antonio Barca ha dicho que la Oficina Judicial "se sustenta en el expediente digital cuando en la administración judicial el 99 por ciento se realiza en soporte papel" y ha dicho que los procesos sufren un "constante retroceso" porque vuelven "una y otra vez" a la Unidad Procesal de Apoyo Directo (UPAD), retrasando así los procedimientos, dice.

Para el sindicato, con la implantación de la oficina "no hay especialización" en los trabajadores, que "cambian constantemente de trabajo", lo que supone un "retraso en la tramitación de los procesos", por lo que, según ha dicho, es "imprescindible la formación personalizada y adaptada al puesto de trabajo que van a realizar".

De la misma manera, ha criticado que los funcionarios de guardia "no tienen la clave de acceso al registro general, por lo que tienen que pedir las claves a otros compañeros de la UPAD", algo que consideran una "aberración a estas alturas" y ha criticado también el "hacinamiento" que lleva a que "dos funcionarios tengan que compartir una mesa" y que "no haya intimidad para los ciudadanos".

Entre los "problemas" de la nueva oficina para los ciudadanos, José Antonio Barca ha hablado también sobre el punto de información al público "que tendría que ser accesible y está escondido detrás de los ascensores dejando a los ciudadanos perdidos y deambulando por las instalaciones".

Además, para el responsable de Administración de Justicia de CCOO, "se echan de menos" cuestiones "básicas" como fotocopiadoras, faxes, teléfonos o impresoras "pues en muchos de los Servicios Comunes hay que hacer cola para poder realizar las fotocopias de los procedimientos o para enviar un simple fax".

Otra de las carencias que CCOO detecta en la nueva oficina es la de un equipo técnico que solucione los "miles de fallos y problemas" del nuevo sistema informático Minerva NOJ, y apuestan también por establecer "tutores" para todos los Servicios Comunes "con conocimientos técnicos en la aplicación".

Para el sindicato, el modelo anterior "también era deficitario y tenía carencias" por lo que con la creación de nuevos servicios "hay mayores dificultades todavía". "Se ha vendido humo a los ciudadanos porque en lugar de tardar un año, sus procedimientos van a tardar dos o tres años", ha lamentado José Antonio Barca.

Unos problemas que, según ha dicho, "no sólo van a afectar a los 250 trabajadores de la Oficina Judicial y personal vinculado como abogados o jueces, sino también a los propios ciudadanos", y ha manifestado que si no había presupuesto, "en lugar de la nueva oficina, Cáceres necesitaba implantar un nuevo juzgado y aumentar la plantilla de los otros".

"Sería más barato y sencillo, pero la oficina obedece a una cuestión e intereses políticos", ha agregado Barca, quien ha señalado que su creación en Murcia y Burgos "ya fue un caos, y en lugar de esperar a que se solucionaran los problemas, ha interesado meterla en Cáceres con calzador".

Por su parte, Vicente Alegre ha recalcado que la próxima ciudad en acoger la oficina será Mérida, "y cuando salga, nacerá muerta", ha lamentado, ya que según ha señalado "allí no hay un servicio común que tramite demandas y denuncias y se quedarán cinco funcionarios de los ocho actuales en la UPAD, que también tendrán que tramitar las demandas".

Sobre las fechas, Alegre ha manifestado que "hablan de finales del mes de abril" pero ha resaltado que ellos piden que "se resuelvan primero los problemas de Burgos, Murcia, Ciudad Real y Cáceres" y que "no haya prisa" para implantar la nueva Oficina Judicial en la capital extremeña.

José Antonio Barca ha anunciado que ya trasladaron al Consejo General del Poder Judicial los problemas detectados en la oficina y que desde esta administración les pidieron que emitieran un informe transcurrido un mes de su puesta en funcionamiento, por lo que este mismo lunes han remitido el documento, pero ha avanzado que "si no resulta, habrá que adoptar otra serie de medidas y si hay que llegar más lejos, habrá que llegar".

Vicente Alegre ha manifestado que en Mérida "lo que se plantea el personal es no hacer nada, hacer lo que hay que hacer, y cuando reviente, que reviente", ha añadido, mientras José Antonio Barca ha dicho que esperarán "un tiempo prudencial" para iniciar medidas y ha apostado por "unir fuerzas" de todos los afectados para que "las oficinas funcionen con los medios necesarios".