La Sociedad Estatal de Equipamientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia ha propuesto al ayuntamiento la modificación puntual del plan general de urbanismo para construir el centro de inserción social de presos junto a Cáceres II, en un paraje no urbanizable y de especial protección, donde se necesita una parcela mínima de 8 hectáreas para hacer una edificación, que no excederá de 250 metros cuadrados.
Con estos parámetros, Justicia no puede realizar el centro, que se proyecta en una parcela de 3.500 metros cuadrados, con 1.838 metros cuadrados construidos y una capacidad de 25 plazas, 33 funcionales y una adaptada para discapacitados. Pero la petición del Ministerio de Justicia no fue admitida ayer por la Comisión Municipal de Urbanismo. Aunque tampoco significa que se rechace, ya que se examinará cuando se revise el plan general de urbanismo, cuya redacción está en fase de contratación.
EXTENDER SAN MARQUINO
El centro de inserción está ahora en la cárcel vieja, donde permanecen internos de tercer grado y los de arresto de fin de semana. En el terreno que ocupa esta prisión, en Pinilla, se prevé edificar viviendas.
De la revisión depende la futura ordenación de la falda de la Montaña, un espacio que está protegido, aunque en los últimos años se han autorizado edificaciones (el residencial Universidad), que contravienen el espíritu del plan de preservar este paraje.
En lo que coinciden tanto gobierno como oposición es en que hay que favorecer con la revisión la ordenación urbanística de San Marquino para dotar al barrio de mejores infraestructuras. El futuro de la Montaña y su protección será uno de los asuntos destacados de la revisión. Propietarios de la zona ya han presentado un estudio e informe de impacto ambiental, que la Junta ha calificado de incompleto.
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