Durante dos horas prestó ayer declaración el exconcejal socialista Carlos Jurado en la segunda sesión del juicio por los ruidos de La Madrila. Fue una jornada mucho más tranquila que la anterior en la que declaró la exalcaldesa Carmen Heras, que ayer acompañó a su compañero en su testimonio, a pesar de que no estaba obligada a comparecer. Como ésta última Jurado respondió a las preguntas del Fiscal y de todos los abogados de la defensa, pero se negó a responder a las de la acusación particular, que representa a la asociación Cacereños contra el ruido, colectivo que presentó la querella criminal que ha llevado a la celebración de esta vista oral y que aglutina a gran parte de los vecinos que han sufrido los ruidos durante décadas.
Jurado era el titular de Seguridad Ciudadana y responsable directo de la Policía Local durante la legislatura de Heras, entre 2007 y 2011. Tal y como señaló ayer, dio orden directa a los agentes de estar atentos a la situación que se daba en La Madrila todos los fines de semana. Un problema que «viene desde el año 69» y que él conocía de primera mano, dijo, porque en sus años de estudiante había vivido en esa zona de Cáceres.
Como el miércoles señaló Heras él incidió en que durante su legislatura se modificó la ordenanza de ruidos, que llevaba sin mirarse desde los años 90. «El objetivo era poner orden en un maremágnum que había de licencias y de expedientes», dijo. Nada más comenzar la legislatura mantuvo una reunión con los hosteleros: «les digo que vamos a ser absolutamente intransigentes con el tema de las licencias porque en el año 2003 ya sabíamos cómo se habían dado».
Con la nueva ordenanza incrementaron el número de sanciones y la cuantía de las mismas. «¿Piensa que una multa protege frente al ruido?», le preguntó la Fiscal de Medioambiente, Olga Suárez. «Obviamente lo que evita el ruido es la insonorización pero con una sanción el hostelero podía ver que le salía mucho más rentable insonorizarse que pagar sanciones», respondió Jurado.
en la calle / Se centró también en la problemática de la acumulación de jóvenes en la plaza de Albatros, algo que aumentó, según declaró, «con la ley antitabaco». Aseguró que cuando llegó al ayuntamiento las noches de los fines de semana solo había disponibles seis agentes, por lo que reordenó la plantilla. «El problema era tan serio que lo que pretendíamos era poner orden. Pasamos de tener seis policías a 18 o 24 y creamos una oficina especializada para los expedientes».
En el interior de los locales de copas declaró que fue el Seprona el encargado de realizar las mediciones de ruido, pero señaló que fueron «exageradas». Y recordó que la Policía Local solo tenía un medidor de sonido pero no funcionaba porque no cumplía con las características técnicas.
En su testimonio dejó claro que el problema que sufría La Madrila era conocido por el resto de administraciones. «En la primera junta local de seguridad Carlos Sánchez Polo (en aquel momento director territorial de la Junta de Extremadura y alcalde de Cáceres entre 1987 y 1995) ya nos contó que teníamos que tener cuidado con la tramitación de los expedientes del ruido porque había muchos que acababan quedando en nada», señaló. Pero insistió en que la actitud de las instituciones fue «de no hacer caso».
En cuanto a la tramitación de los expedientes incoados contra los establecimientos hosteleros apuntó, igual que la exalcaldesa, al técnico que se contrató para tal fin, Javier Alonso, a quien se nombró jefe del área de sanciones. «Hacía todo a instancias del técnico» y aclaró que «jamás destruí o escondí denuncias» después de ser preguntado por la razón por la que muchos de esos informes no llegaban a resolverse. Aún así recordó a la sala que en la legislatura «se incoaron muchos expedientes, cerca de cien».
En la sesión de ayer prestó declaración también el gestor del Submarino, César Andrada, ubicado en la plaza de Albatros. Es uno de los locales denunciados y que lleva cerrado desde que lo ordenara la Audiencia Provincial. Hasta ese momento aseguró que desconocía que su establecimiento acumulaba quejas por ruido. «Me entero en el 2012 cuando me llama la policía y me dice que no puedo abrir el local hasta nueva orden. Hasta entonces no sabía que mi local estaba siendo denunciado». Tenía doble puerta y limitador de sonido: «nadie vino nunca a volcar los datos del limitador para controlar los niveles», señaló y añadió que se vio obligado a seguir pagando el alquiler incluso con el bar cerrado. La vista oral se reanudará el lunes con los testimonios de más hosteleros.
