Los edificios europeos consumen el 40% de toda la energía que se utiliza en sus respectivos países. La Unión Europea, desde una óptica de desarrollo sostenible y comprometida con el protocolo de Kyoto para bajar en un 20% antes del 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero, de efectos tan devastadores como los producidos en el Artico, viene impulsando la reducción del consumo de energía.
En ese contexto, la directiva 2010/31 de la Unión Europea propugna la eficiencia energética de los edificios. En breve, el gobierno español aprobará un real decreto trasponiendo tal directiva europea y regulando las condiciones para que todos los edificios que se construyan, se ofrezcan en venta o en alquiler, y los edificios públicos obtengan un certificado de eficiencia energética.
La certificación, redactada por técnicos especializados y con una validez máxima de diez años, describirá las características del inmueble, calificándolo (de la A a la G) según sus emisiones de CO2, en términos de consumo de energía y recomendará medidas para mejorar la eficiencia y obtener unos niveles óptimos de rentabilidad, con el consiguiente ahorro que se logra para el usuario.
Buen ejemplo de ello es un estudio realizado recientemente para un edificio de oficinas de Cáceres. Una vez concluido, las medidas recomendadas pueden producir un ahorro de hasta un 45 % sobre el coste actual que tiene la factura, y la inversión necesaria será amortizable sólo en cuatro años.
Las ventajas sociales y económicas de esta innovadora certificación, además de la mejora de la habitabilidad y de la calidad ambiental que se consiguen, conllevará el compromiso de nuestra sociedad con las generaciones futuras y por conseguir un mundo más saludable y sostenible y, también, la apertura de nuevos cauces de actividad productiva.
