Iba a ser la principal concesión de un servicio que el ayuntamiento adjudicase en esta legislatura y al final se ha repetido, aunque con una incidencia menor, lo ocurrido con el contrato del servicio de abastecimiento de agua. Hablamos del chasco del concurso de la zona azul.

Primero hagamos un poco de historia. El ayuntamiento convocó en 2012 un concurso para la gestión de la zona azul con 760 plazas. Se adjudicó a Cysex y se firmó en septiembre de 2012. Era por dos años porque se pensaba que en 2014 ya estaría construido el párking de Primo de Rivera y que con su entrada en servicio habría que replantearse la zona azul.

Pero el párking de Primo de Rivera no se finalizó hasta 2016 y en 2014 se aprobó el plan de infraestructuras para una movilidad urbana sostenible, que planteaba una ampliación de las plazas de la zona azul y una nueva redistribución por zonas.

Así se llega a octubre de 2016 cuando desde el gobierno municipal se anuncia un nuevo concurso para la gestión del estacionamiento vigilado y controlado. La propuesta consistió en una ampliación de plazas pasando de las 838 actuales a 2.139 y la creación de una zona aledaña a la parte antigua con 191 plazas solo para residentes.

El concurso se convocó en noviembre de 2016. Un mes después se cerró el plazo de presentación de ofertas y concurrieron seis licitadores. Todo se desarrolló con normalidad hasta marzo de 2017 cuando se abrieron las ofertas económicas y se detectó el primer contratiempo que ha tenido este concurso.

Ese contratiempo surge porque cuando en los meses de noviembre y diciembre de 2016 estuvo expuesta la documentación del concurso se introdujo una aclaración por parte del servicio de Infraestructuras sobre el precio a cobrar por el servicio de grúa que contravenía lo indicado en los pliegos de condiciones del concurso. El resultado fue que dos licitadores hicieron su oferta en base a la aclaración y los otros cuatro en base a los pliegos. No partieron del mismo criterio para hacer su oferta económica. Solo con esta disparidad había motivos suficientes para haber anulado el concurso.

Lo que intentó el ayuntamiento fue la revisión de oficio de la aclaración para su anulación y para retrotraer el procedimiento al momento en el que las empresas podían presentar sus ofertas. Pero la Comisión Jurídica de Extremadura dictaminó en contra de la revisión de oficio.

Ahora ha sido esa misma comisión la que ha tumbado el concurso de la zona azul. Y no a causa de la aclaración, sino por un asunto de más calado. El motivo que da es que los técnicos que puntúen las ofertas cuya valoración dependa de un juicio de valor deben motivar de forma más detallada por qué otorgan esos puntos y no deben apartarse de los criterios establecidos en los pliegos del concurso. Y lo deben hacer así para que no quede ninguna duda de arbitrariedad en la valoración de las ofertas de un concurso que se adjudicaba por 10 años y con un presupuesto de más de 8 millones. Para la Comisión Jurídica de Extremadura, la valoración que se hizo en el concurso de la zona azul no estuvo suficientemente motivada y esa ausencia de explicación convertía el informe de valoración en arbitrario.