Para entender esta deuda hay que partir de tres cifras: 8.111.351 euros que el ayuntamiento le reconoció a Busursa como débito el 28 de enero de 2011 en un convenio que el gobierno local quiere anular ahora. 7.911.351 euros que es el importe de la deuda que fijó el Juzgado de lo Mercantil en 2013. Y 5.444.276 euros que es la estimación de la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia del 14 de octubre. Falta el Tribunal Supremo, al que quiere recurrir el gobierno local.

La estimación del ayuntamiento difiere de la del convenio y las sentencias. Primero porque, pese al convenio, solo reconoció una deuda de 1.384.546 euros. Después solo aceptó un débito de 3.347.282. A día de hoy lo que debe es 5.444.276, más intereses, aunque en 2014 se hicieron pagos mensuales (unos 1,2 millones) que habría que descontar del débito, lo que dejaría la deuda en unos 4,2 millones, más los intereses.

Además, según la interpretación del ayuntamiento, hay 1.081.600 euros que afirma que pagó y que no se descontaron en la sentencia de la audiencia (249.878 se abonaron a la Seguridad Social) porque se pagaron antes del 28 de enero de 2011, que es la fecha del convenio. Y luego están 1.215.393 euros que la audiencia sostiene que se deben a la masa activa del concurso de Busursa y el ayuntamiento asegura que se tienen que pagar a Caja Duero porque es parte de la deuda del consistorio que Busursa endosó a la entidad financiera.