Cinco de los 15 encausados en el que ha sido el último macrojuicio que por tráfico de drogas se ha celebrado en la ciudad, irán a prisión. El titular del Juzgado de lo Penal, donde los días 13, 19 y 20 del pasado mes de junio se celebró el juicio, les ha declarado autores de un delito contra la salud pública, e impuesto a todos ellos penas superiores a los tres años. Y en cuanto a los 10 restantes, a uno le declara también culpable, pero le aplica las atenuantes de confesión y reparación del daño, y le impone una condena de 1 año de prisión, por lo que no será encarcelado, ya que al no tener antecedentes no la tendrá que cumplir; mientras que a los otros nueve les absuelve.

La mayor condena, cuatro años de prisión y una multa de 200.000 euros, se ha impuesto a Enrique Aragón Lucas, conocido como el abuelo y considerado el cabecilla de este grupo organizado de compra-venta de hachís, dedicado a su distribución por locales y centros de ocio juveniles de la provincia, principalmente de Cáceres y Plasencia, que la Guardia Civil desarticuló en octubre pasado a través de la llamada operación Acaro .

Con tres años y tres meses de prisión y multas de 200.000 euros se ha condenado a José Luis Salgado Acedo, detenido junto al anterior en un control de carreteras cuando regresaban de Sevilla a Cáceres tras una compra de hachís; y Pablo Borrega Hernández, el taxista que viajó también a Sevilla y al que se le incautaron los 60 kilos de hachís en su coche. Y también han sido condenados Khalid Lamkadem y Mhamed Dhouch, regentes de un pub de Plasencia y proveedores de la droga, con tres años y nueve meses de prisión y multa de 60.000 euros el primero, por concurrir en él la agravante de reincidencia, y tres años y un día de prisión y multa de 60.000 euros el segundo.

POSTURAS Y PRUEBAS En el juicio el abuelo fue el único que reconoció haber traficado con droga. Reconoció que el 25 de septiembre del 2005, cuando fue detenido por la Guardia Civil, transportaba hachís desde Sevilla a Cáceres; aseguró que era un encargo; y negó que tuviera relación por drogas con el resto de los acusados, aunque sí implicó a Pablo Borrega, al que dijo contrató para que con su taxi hiciera de correo para avisarle si había controles. El taxista aseguró que no sabía el motivo del viaje. El también condenado por su participación en el viaje, José Luis Salgado, mantuvo que no sabía nada de la droga y que acompañó a Sevilla a Enrique Aragón porque éste le había pedido prestado el coche y no podía dejárselo porque era de su hermano, "le acompañé por hacer un favor a quien consideraba mi amigo", aseguró.

Pero para el juez, y así lo recoge en su amplia y exhaustiva sentencia --la desarrolla en 79 folios--, "nos inclinamos por considerar que la operación era conocida por todos los partícipes en el viaje, que existía un concierto entre el vehículo porteador de la droga (taxi) y el vehículo que le precedía, colaborando éste por lo tanto de una forma directa en el transporte de la sustancia".

También probada afirma el titular del Juzgado de lo Penal la participación de los dos súbditos marroquís, investigados como proveedores de Enrique Aragón. Al respecto, y por sus declaraciones en el juicio, se advierte que reconocen sus contactos con éste, aunque negando que fuera por motivos de drogas, sino porque querían montar un negocio, "pero no han aportado dato alguno que evidencie que en efecto pretendían montar un negocio en Cáceres, sino antes al contrario, en la época en que se refieren las investigaciones no consta qué actividades remuneradas estaban desarrollando".

Y reconocieron que utilizaban ambos indistintamente la furgoneta en la que se incautaron 18,5 kilos de hachís, pero que desconocían que la droga estuviera en ella. Para el juzgador "la sustancia debió ser forzosamente puesta allí por quienes la utilizaban, los acusados, y la única causa que explicaría su posesión es que iba a ser destinada al comercio ilícito, a su venta a otras personas, máxime si ni siquiera han declarado ser consumidores", se concluye.