Cinco años de prisión y el pago de una multa de 3.340 euros es la condena que la Audiencia Provincial ha impuesto a Constancio Alvarado Ramiro, exsecretario particular del subdelegado del Gobierno, por el caso de la legalización irregular de inmigrantes cometida en el 2005, durante el proceso extraordinario de regularización de extranjeros en el país.

Tanto a Alvarado, como a sus amigos y socios José Manuel Sánchez Donoso y Luis Calle Fernández, a los que se ha impuesto la misma condena, se les declara autores de un delito continuado de estafa agravada en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Ha quedado probado, pues, que los tres engañaron y estafaron a inmigrantes ´sin papeles´, a los que cobraban de 200 a 3.000 euros por regularizarles su situación encontrándoles empleadores; y que falsificaron documentos oficiales, ya que muchos de los nombres que figuraban en la documentación como empleadores eran falsos.

También se condena a Francisco Pérez Rodríguez, el camarero que les facilitó, sin que sus titulares lo supieran, una serie de fotocopias de DNI para incluirlas en la documentación como las personas que iban a emplear a los inmigrantes para el servicio doméstico. La Audiencia le declara autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, y le impone una condena de 1 año y 9 meses de prisión, y multa de 1.644 euros. Pero al carecer este de antecendentes penales y ser la condena inferior a dos años, no tendrá que ingresar en la cárcel.

Y tal y como ya anunció la presidenta de la Sala el pasado 25 de febrero, en la última sesión del juicio, se absuelve a la súbdita marroquí Bouchra K., la única mujer imputada en esta causa. Estaba acusada de engañar a compatriotas para que contrataran a Alvarado, Calle y Sánchez Donoso, pero ante la falta de pruebas la fiscal retiró la acusación, por lo que se anunció que la sentencia sería para ella absolutoria.

HECHOS PROBADOS La Audiencia declara probado en su sentencia que Constancio Alvarado, funcionario de la Subdelegación del Gobierno, y al menos del 12 de diciembre del 2003 al 13 de octubre del 2005 secretario particular del subdelegado, compulsó numerosas fotocopias de DNI sin tener delante el original. Estas fotocopias se las proporcionaba a Luis Calle, quien a su vez las había conseguido bien directamente de particulares, o bien a través de Francisco Pérez, camarero de un bar al que él solía acudir.

El destino de estas fotocopias de DNI, compulsadas por Alvarado, "no era otro que formalizar para inmigrantes las solicitudes de autorización de residencia y trabajo, como trabajador discontinuo en el sector del servicio doméstico", cuyo proceso de normalización se había iniciado en enero del 2005.

Pero los titulares de los DNI "no tenían intención de contratar a persona alguna", y si entregaban las fotocopias "era por el dinero que Luis directamente o a través de Francisco les daba --60 ó 70 euros de los que 10 eran para Francisco y el resto para el titular del DNI--", o bien, como algunos dijeron en el juicio, "para ayudar a los inmigrantes, para legalizar la marihuana terapéutica, o para otros fines, ya que de algunos documentos se desconoce cómo llegaron a formar parte de las solicitudes".

Completada esta primera fase de obtener las fotocopias y compulsarlas, en un despacho que un abogado de Don Benito abrió muy cerca de la Subdelegación y a propuesta de Alvarado, tanto este como Calle y José Manuel Sánchez, que conocía a un buen número de extranjeros, recibían a inmigrantes que acudían a regularizar su situación, "y a los que cobraban, cualquiera de los tres, diversas cantidades, desde 3.000 euros a 2.000, 1.600, 750, 300, 250 0 200 euros".

Todo se descubrió cuando la delegación de la Seguridad Social, sorprendida porque en muchos de los expedientes de normalización de inmigrantes aparecían empleadores de muy corta edad --18, 19 e incluso 17--, pusieron los hechos en conocimiento de la Inspección de trabajo y el Ministerio Fiscal.