El 2 de septiembre del 2013 se llevó a la comisión de Contratación del ayuntamiento el expediente para renovar el sistema de control del acceso de vehículos al recinto intramuros y calles aledañas. Se trataba de cambiar los bolardos, que se habían convertido en un problema con un coste para el consistorio por los daños en vehículos, por cámaras. El 23 de febrero, casi 30 meses después, las cámaras estarán operativas y desde ese día se podrá empezar a sancionar. En todos los accesos donde están las cámaras hay una señal que prohibe circular, excepto vehículos autorizados. La sanción es de 200 euros. Esta prohibición ha seguido vigente desde que se quitaron los bolardos. La diferencia es que desde el 23 hay medios para identificar al infractor al estar operativas las cámaras.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo del pleno de la corporación local que aprueba definitivamente la ordenanza que regula el sistema de acceso. Su publicación, que se produce después de dos exposiciones públicas para recoger alegaciones, marca el comienzo de su aplicación. Pero en este caso no se produce al día siguiente, sino que se da un plazo superior, de otros 15 días hábiles (motivo por el que será el 23 de febrero cuando empiece a aplicarse).

El control se realiza mediante las cámaras que captan las placas de las matrículas. Si no se tiene permiso, la multa son 200 euros --además la ordenanza fija un cuadro de sanciones para los casos específicos que regula--. El concejal delegado de Tráfico, Rafael Mateos, explicó que en estos 15 días se remitirán las autorizaciones a particulares, empresas e instituciones que la han pedido y cumplan los requisitos.

El edil habló ayer de 860 solicitantes, es casi el mismo número que dio el 14 de enero, cuando la comisión de Tráfico dictaminó la ordenanza. Entonces habló de 846 entre residentes del recinto intramuros (221), de fuera de esta zona (125) y de empresas, servicios públicos e instituciones (500, esta cifra parece excesiva pese a que el espacio de la ordenanza no solo afecte al recinto intramuros, sino también a la plaza Mayor y las calles aledañas --por parte del gobierno no se entró ayer en el detalle--).

Lo que sí se recordó es que a los residentes se les permite hasta dos vehículos por domicilio o cochera, mientras que en las instituciones ese número puede ser mayor (no obstante, la intención del gobierno es poner un límite a estas últimas), por lo que el concejal de Tráfico afirmó que no se puede dar un número de vehículos.

REQUISITOS La ordenanza especifica los requisitos que tiene que reunir cada usuario potencial (residente, emergencias, familiares de personas con movilidad reducida...) y se recuerda que los conductores autorizados entrarán por un único acceso, el más próximo al inmueble de destino. En la normativa también se recoge que en la web del ayuntamiento deberá estar a disposición un plano detallado con las zonas de acceso y salida, sentidos de circulación, estacionamiento para residentes y carga y descarga. Ese plano detallado aún no está en la web, pese a que la ordenanza se publicó ayer. Lo único que hay en el apartado de 'tráfico centro histórico' es un plano general.

El concejal añadió que en estos primeros días de aplicación de la ordenanza habrá "un servicio extraordinario" con presencia policial, especialmente en la plaza de Santa Clara, para asesorar a conductores y vigilar que el sistema funciona. El casco antiguo no es la única zona donde se regula el acceso de vehículos con cámaras, también se hará en la calle San Pedro de Alcántara. La ordenanza que afecta a esta calle ha estado en exposición pública y ha habido dos alegaciones. No entrará en vigor hasta la primavera.