Un nuevo juicio que por Tribunal del Jurado se celebrará hoy en la sección segunda de la Audiencia Provincial ha reabierto las críticas del colectivo judicial a este sistema que, aunque se acepta, se estima que sería necesario reformar y efectuar una modificación importante.

Estando de acuerdo con la Ley del Jurado, pues viene prevista en la Constitución, la opinión general de jueces, fiscales..., es que "es necesaria una reforma de la norma para bien reducir o bien modificar los delitos que son objeto del mismo", indicó a EL PERIODICO el presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, Juan Bote. En su opinión, "si bien el jurado es una institución que hay que mantener por imperativo constitucional, eso no quiere decir que todos los delitos del Código Penal haya que enjuiciarlos por jurado, sino que se deberían enjuiciar por este sistema sólo los más graves o que por las circunstancias que sea tengan mayor relevancia social".

Su opinión la comparten numerosos jueces y fiscales consultados por este diario, que consideran de forma unánime que para ciertos delitos, como el de allanamiento de morada que hoy se juzgará y que es un delito menor, el Tribunal del Jurado resulta muy gravoso, tanto por el coste económico --un juicio por jurado popular suele tener un coste de unos 6.000 euros-- como por el trabajo que requiere su instrucción y tramitación.

El caso de hoy es un ejemplo para todos los jueces y fiscales consultados. Se trata de un allanamiento de morada que se imputa a J. J. P., un vecino de Valdemorales, al que el 28 de abril del 2004 un matrimonio de esa localidad sorprendió en su dormitorio, agachado y desnudo de cintura para abajo. Según recoge el fiscal en la calificación de los hechos, por los que pide para el acusado un año de prisión, "se desconoce cómo y por dónde accedió éste a la vivienda, y los motivos que le llevaron a ello".

"Convocar un jurado para un delito como éste, que el Código Penal lo califica de menos grave y por el que la pena a imponer es mínima, es exagerado", opinan el colectivo judicial. Este considera que en ciertos delitos, ahora, competencia del Jurado, como las amenazas, la omisión del deber de socorro o el ya indicado de allanamiento de morada "está injustificada la cantidad de dinero que le supone al Estado un juicio por jurado popular". Advierten que el hecho de que ciertos delitos se hayan atribuido a la competencia del Jurado ha hecho que disminuyan. "No es que no se persigan, se persiguen pero buscándose una calificación jurídica alternativa para evitar la complicación que supone el que sea por jurado".

Tampoco estiman que deban ser por jurado los delitos cometidos por funcionarios, como la malversación de caudales públicos, cohecho..., "pues pueden tener una complejidad y requerir conocimientos jurídicos que no tiene un jurado popular".