Casi dos meses después de que saltara la alarma, por fin se atisban avances en la búsqueda y eliminación del plomo en el agua de consumo de algunas viviendas de la Ciudad Monumental, cuyo número está aún por determinar. Durante la reunión mantenida ayer entre los vecinos y el ayuntamiento, éste ha aceptado que las analíticas se realicen siguiendo la directiva europea 1787/2015, tal y como solicitan los residentes, por entender que es la más adecuada para detectar la presencia de determinados parámetros químicos, y que además recoge el procedimiento más conveniente.
El problema comenzó a atisbarse cuando un vecino de la calle Arco de España cambió el contador y se percató de que su acometida (tramo que va de la red general a la vivienda) era de plomo, un metal pesado prohibido desde 1980 porque no es tolerable por el organismo: se deposita en el cerebro, el hígado, los riñones, los dientes, los huesos... De hecho, la Organización Mundial de la Salud no establece ni siquiera un nivel mínimo de ingesta. La legislación española eleva el umbral a 10 microgramos/litro. En algunas casas de la Ciudad Monumental su presencia en el agua llega a 80 y hasta 122, según los primeros análisis costeados por los vecinos. De 33 viviendas estudiadas, 16 tienen plomo y 8 superan el límite.
Tras conocer estos datos, los residentes comenzaron a movilizarse. El ayuntamiento les ofreció analíticas sin costes a través de la farmacia municipal, a las que se han apuntado más de 160 inmuebles. Sin embargo, unos estudios previos realizados por técnicos del ayuntamiento y Canal han arrojado resultados dentro de la normalidad porque, según los vecinos, no se han enfocado directamente a detectar si la red de distribución es la que contamina el agua. Los residentes se han negado a someterse a este tipo de analíticas hasta que no se aplique la directiva 1787/2015, que ayer sí aceptó el Gobierno municipal.
«Hemos encontrado una buena disposición por parte del ayuntamiento en este punto, se ha producido un avance. Cuantos más datos vayamos conociendo gracias a las analíticas, más soluciones podremos buscar», explicó ayer Juan Manuel Honrado, presidente vecinal de la Ciudad Monumental, acompañado del grupo de trabajo creado en el barrio para este fin (profesionales de Farmacia, Química, Bioquímica, Fontanería y Arquitectura Técnica).
El encuentro, mantenido con la edil de Infraestructuras Estratégicas y Servicios Públicos, Montaña Jiménez, junto con representantes de Canal de Isabel II (empresa concesionaria del agua) y técnicos municipales, no fue tan fructífero respecto a quién corresponderá costear el cambio de las acometidas. Un informe emitido por la Secretaría General del ayuntamiento, que coincide con otro redactado por la Inspección Municipal de Servicios, concluye que la responsabilidad es de los titulares de los inmuebles. Los vecinos mantienen que la legislación resulta compleja y cambiante, y esgrimen documentos que lo avalan.
En cualquier caso, «todavía no tenemos esos informes en nuestras manos y siempre hemos mantenido que lo primero es saber dónde están las acometidas de plomo mediante analíticas. Luego se verá el modo de sustituirlas. La información es prioritaria, seguimos echando de menos que se faciliten recomendaciones a los vecinos susceptibles de tener plomo», declara el presidente.
INQUIETUD EN OTROS DISTRITOS / El hallazgo en el agua de la parte antigua preocupa ya a otros distritos. La Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres ha presentado una instancia al ayuntamiento a través del registro general, para solicitar que también se realicen analíticas en las barriadas con más de 25 años (Santa Lucía, Llopis, San Blas, Aguas Vivas...) y que los resultados se expongan en el Portal Municipal de Transparencia. Ayer se celebró una reunión entre estos barrios y la Ciudad Monumental para conocer los pasos que se han dado y compartir impresiones.
La agrupación todavía no ha recibido ninguna respuesta del ayuntamiento. El pasado lunes, el portavoz municipal, Rafael Mateos, sí comentó a los medios que se extenderán las analíticas de agua a quienes las precisen. «Necesitamos concretar este asunto, hay inquietud en algunos barrios y no podemos ni quitarle importancia ni crear alarma social», explicó ayer el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos, José Alberto Iglesias.
