Las conclusiones finales de la comisión de expropiaciones se aprobarán esta mañana en el pleno de la corporación local. El texto final es prácticamente el mismo que salió de la última de sus ocho reuniones. Solo se han hecho ligeras correcciones tras la comisión del pasado 9 de octubre. Al documento elaborado por su presidente y concejal de Urbanismo, Valentín Pacheco, se han sumado las aportaciones de los tres grupos políticos de la oposición. Las resoluciones de este órgano no tendrán efectos prácticos. Sus reuniones han servido para dar un repaso a medio centenar de operaciones que han tenido para la ciudad un coste de más de 50 millones de euros. Las primeras se empezaron a pagar en el mandato de Carlos Sánchez Polo (1987-1995) y se siguieron afrontando durante el gobierno de José María Saponi (1995-2007), Carmen Heras (2007-2011) y Elena Nevado (2011-). Salvo alguna partida de intereses y una operación menor pendiente en el parque del Príncipe, todos los pagos se han afrontado.

Las conclusiones se centran principalmente en uno de los expedientes, el de la operación de permuta con la empresa Promeimsa, cuyo apoderado en las reuniones que se mantuvieron con el ayuntamiento fue Manuel Nieto Moro. No obstante, esta operación no fue la única en la que los propietarios del suelo obtuvieron importantes plusvalías por la diferencia entre el precio que pagaron por el terreno cuando lo adquirieron antes de instar al inicio de la expropiación y el que obtuvieron del ayuntamiento tras el cobro del justiprecio e intereses.

Pero un escrito de la secretaría general del ayuntamiento que aludía a que el expediente se tramitó sin todos los informes necesarios y a que esta operación condicionó el coste de otras en el parque del Príncipe han motivado que la mitad de las reuniones de la comisión se hayan dedicado a la permuta de parcelas con Promeimsa, una operación desarrollada entre los años 1999-2001 y cuyo coste por el valor del suelo se cuantificó en 14,9 millones.

CONCLUSIÓN Y APORTACIONES / En las conclusiones elaboradas por el presidente de la comisión se detalla que en los planes de urbanismo de 1984 y 1999 no se establecieron fórmulas de obtención de los terrenos destinados a zona verde que no fueran la ocupación directa o la expropiación, el resultado de esta «falta de mecanismos de obtención hipotecaron fuertemente la economía municipal hasta nuestros días». En el escrito se recuerda que fue con el plan general de urbanismo aprobado en 2010 cuando se dio una alternativa a la expropiación.

Del expediente de Promeimsa, las conclusiones finales precisan que los defectos administrativos detectados son para todos los grupos políticos «inexplicables y sorprendentes» y que las razones dadas por el exsecretario general, Manuel Aunión, sobre la no emisión de su informe «aún entendiéndolas desde el punto de vista jurídico, no se comparten ni se comprenden». En el documento sobre los resultados de la comisión se añade que tampoco convencen los argumentos dados por el exjefe del servicio de Edificación, José Luis Hernández, sobre los dos informes con valoraciones diferentes de los terrenos que el ayuntamiento aportó en la permuta. «Tampoco se aceptan las explicaciones del exjefe del servicio de Edificación en las que pretende indicar que el primer informe de valoración es de su exclusiva elaboración y el segundo --en el que se ajustó a la baja el valor del terreno- no». El escrito con las conclusiones termina con una recomendación: la futura obtención de terrenos deberá ser meditada y en ningún caso tendrá que hipotecar el futuro económico de la ciudad.

En sus consideraciones, el grupo municipal socialista asegura que la constitución de esta comisión «ha llegado tarde» y que «se debería haber impulsado antes».

En sus aportaciones, el grupo municipal de Ciudadanos, del que partió la creación de la comisión, recuerda que cuando se estaban tramitando la mayoría de los expedientes los instrumentos del planeamiento «no dejaban lugar a muchas soluciones» que no fueran la expropiación o la ocupación directa, pero añade que esto no debe dejar que se pase por alto que «hechos como los que nos ocupan hipotecaron la economía de nuestra ciudad, haciendo evidente la falta de capacitación de los concejales de aquel entonces». Sobre el expediente de Promeimsa, Cs asegura que «el asunto se descontroló por completo».

En sus conclusiones, CACeresTú llama la atención sobre «los demanes y despropósitos cometidos» desde que el ayuntamiento aceptó el laudo arbitral en la operación con Promeimsa. Recuerda que hubo técnicos del servicio de Urbanismo que plantearon objeciones a la operación y cuyas opiniones no se tuvieron en cuenta. CACeresTú se pronunció en la comisión a favor de remitir el expediente de Promeimsa a la Fiscalía, aunque, tras la consulta hecha a asesores jurídicos, se informó de que «de existir algún delito, estaría prescrito».