La comisión de expropiaciones, un órgano del ayuntamiento en el que participan los grupos políticos y funcionarios municipales, celebró ayer su última reunión. En sus conclusiones se centra principalmente en uno de los 54 expedientes analizados. Es el de Promeimsa, que se resolvió con un laudo arbitral de la Gerencia de Urbanismo de Madrid y que consistió en una permuta de parcelas del ayuntamiento por terrenos de la ampliación del parque del Príncipe propiedad de Promeimsa. El valor de la operación se cifró en 14,9 millones y los resultados del laudo se aplicaron en otras tres expropiaciones que han tenido un coste monetario para la ciudad de 18 millones. En total más de 32.000.000 de euros por siete hectáreas que están destinadas a la ampliación del parque del Príncipe.

El presidente de la comisión de expropiaciones, el concejal de Urbanismo Valentín Pacheco, del PP, elaboró un documento de conclusiones que presentó el pasado junio y que ayer fue refrendado por el resto de grupos políticos del ayuntamiento (PSOE, Ciudadanos y CACeresTú), que añadieron sus aportaciones que se incorporarán al documento final que se aprobará en un próximo pleno del ayuntamiento.

Las conclusiones presentadas por Pacheco --de cuyo contenido informó este diario en junio-- se centran en el expediente de Promeimsa. Asegura que en el mismo hay «irregularidades administrativas», aunque puntualiza a continuación que no tienen «una trascendencia penal». El concejal de Urbanismo añade que por un lado se entiende que se acudiera al laudo por la necesidad de «concluir» con un expediente en el que había discrepancias entre el ayuntamiento y la empresa sobre el valor de los terrenos de la ampliación del parque del Príncipe, pero después apunta que se debió seguir el criterio de los técnicos del consistorio. El laudo dobló el valor que los técnicos de Urbanismo del ayuntamiento dieron inicialmente a los terrenos.

En sus conclusiones, el presidente de la comisión asegura que «no se comparten ni se comprenden» las explicaciones que dio el exsecretario general del ayuntamiento, Manuel Aunión, sobre la falta en el expediente de su informe. Y en el mismo sentido agrega que «no convencen» los argumentos que ofreció el exjefe del servicio Edificación y Arquitectura, José Luis Hernández, sobre «cómo en cuestión de quince días» el valor dado a las parcelas del ayuntamiento que se permutaban se redujese en dos millones.

La operación de Promeimsa «fue sin duda altamente lesiva para los intereses de la ciudad», se asegura en el documento que el grupo municipal socialista incorpora a las conclusiones. CACeresTú (Podemos) y PSOE llegaron a plantear en las reuniones de la comisión de expropiaciones la necesidad de enviar el expediente a la Fiscalía, posibilidad descartada porque por el tiempo trascurrido «habría prescrito», indicó ayer su portavoz, Luis Salaya. «Planteamos ir a la Fiscalía, pero por el tiempo que ha pasado cualquier posible delito habría prescrito», añadió Ildefonso Calvo, concejal de CACeresTú, que concluyó que el expediente se tramitó «de forma irregular».

PLUSVALÍA DE PROMEIMSA / En sus aportaciones a las conclusiones de la comisión, CACeresTú hace hincapié en que Promeimsa adquirió los terrenos por 4,8 millones de euros, la compra se registró a principios de 1999, y que solo dos años después obtuvo en la permuta con el ayuntamiento propiedades municipales valoradas en 14,9 millones. Además recuerda que Promeimsa transmitió en 2001 el 50% de su propiedad a Pronorba por 2,4 millones, la mitad de lo que había pagado, una operación que se cerró unos meses antes de que el pleno del ayuntamiento autorizase la permuta de los terrenos.

Ciudadanos también se refiere a este asunto en sus aportaciones a las conclusiones, añadiendo que en la comisión de expropiaciones se debió entrar a analizar «el momento y la forma de adquisición de los terrenos por parte de Promeimsa y Pronorba para entender la finalidad de la operación e intuir la motivación de la misma». En su escrito, Cs asegura que el expediente adolece de «defectos administrativos y sorprendentes». «Hubo decisiones que perjudicaron a la ciudad y que se tomaron de manera descontrolada», apuntó ayer el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo.

Todas las expropiaciones han tenido para la ciudad un coste superior a los 50 millones de euros, quedan por pagar intereses. En la comisión de Economía celebrada ayer se dictaminó una modificación del presupuesto para el pago de 147.000 euros a la sociedad Expósito y Gómez de intereses de una expropiación por la que el ayuntamiento ya ha pagado, entre principal e intereses, más de dos millones de euros.