Con relación al Editorial del pasado 11 de julio de EL PERIODICO EXTREMADURA, desde el Sindicato Unificado de Policía tenemos que manifestar que en la ciudad de Cáceres no existen y, en beneficio de todos los ciudadanos/as de Cáceres, no deben existir disputas policiales. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Policía Municipal, funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, según el artículo 2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 2 de marzo de 1986, tienen la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos.

Los contribuyentes de esta ciudad tienen derecho a que los poderes públicos les garanticen su seguridad, esa es su obligación. Si para garantizar la seguridad de los ciudadanos/as de Cáceres, esos mismos poderes públicos, sean del signo político que sean, tienen que utilizar todos los recursos a su alcance, háganlo. Ponerse a discutir ahora por las competencias de cada cuerpo, ante un hecho ocasional, cuando todos aceptamos de buen grado la colaboración interpolicial, nos parece kafkiano.

Máxime si tenemos en cuenta que las corporaciones locales, queriendo ser protagonistas, como no puede ser de otra manera, firmaron gustosamente un convenio de colaboración con el anterior gobierno sobre colaboración policial en materia de seguridad ciudadana. Cuando menos estupor nos causa el comunicado emitido por la Organización sindical CSI-CSIF al manifestar, con motivo de la intervención policial de nuestros compañeros de policía local, que nadie se lo va a agradecer. Los funcionarios policiales no deben realizar su actividad policial pensando que se lo agradezca nadie, lo hacen en consonancia con la profesionalidad que les caracteriza, en las obligaciones que conlleva esta misma profesión y en definitiva, porque para eso cobran.

Entenderíamos esta queja si en el asunto que nos ocupa estuviésemos hablando de jueces, abogados, políticos, albañiles, etcétera. Que nuestro querido colega sindical, Tomás Simón Ramajo manifieste que la policía local está para colaborar con el Cuerpo Nacional de Policía y no al contrario, como está ocurriendo ahora, es cuando menos desafortunado, pues cuando los responsables políticos de las corporaciones locales, firman el convenio marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia policial, tienen que ser consecuentes con lo que firman, y las consecuencias de lo firmado se traduce en la asunción de competencias por parte de la policía local.

Dichas competencias conllevan, entre otras cuestiones, intervenir en situaciones como las que dan origen a esta controversia, lo contrario es vender humo al contribuyente. Llegados a este punto y antes de la firma del citado convenio, las organizaciones sindicales que sean serias, si no están de acuerdo con éste, por la responsabilidad y peligrosidad que conlleva el mismo, tendrían que haberlo vetado o, cuando menos, posicionarse en su contra.

Respecto al señor Santos Parra, concejal de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento, coincidimos plenamente con lo manifestado por él en cuanto a las carencias de personal del Cuerpo Nacional de Policía. Nuestras diferencias se plasman en tanto en cuanto manifiesta literalmente: "Necesitamos más el apoyo del Cuerpo Nacional de Policía que ellos de nosotros, deben invertirse los términos".

Señor Santos Parra, son los ciudadanos que le eligieron democráticamente los que necesitan de todos sus policías y nosotros, incluido usted, los que constitucionalmente les tenemos que garantizar su seguridad, que para eso nos pagan a todos. Por otro lado, el Sindicato Unificado de Policía, siempre, sin aprovechar coyuntura política alguna, por honradez y seriedad, denunció y denuncia la carencia de medios humanos que padece, no sólo Cáceres, sino toda la comunidad autónoma, independientemente de qué opción política estuviese en el Gobierno.