Los vecinos de La Madrila siguen adelante en su propósito de acabar de una vez por todas con los ruidos y las molestias generadas por los locales de copas, y continúan decididos a acudir a los tribunales. De hecho, los afectados están buscando las fórmulas más adecuadas y acaban de mantener una asamblea extraordinaria con acuerdos importantes: las denuncias y los trámites necesarios serán ejecutados a partir de ahora por las comunidades de propietarios, y no por la asociación de vecinos, ya que las primeras tienen una estructura mucho más clara y organizada para afrontar este tipo de procesos.

"En total hay unas ocho comunidades directamente afectadas. El bloque 3 ya se ha puesto en marcha y está reuniendo documentación, y el bloque 13 comenzará en breve", explica Miguel Salazar, presidente vecinal.

Los residentes irán contra los locales del tipo c (cafés, bares, cafeterías y restaurantes) que reabren sus puertas a las seis de la mañana tras cerrar a las dos. "No ejercen el cometido para el que tienen adjudicada la licencia. Ponen música alta y funcionan como bares especiales", indica Salazar. Los vecinos pretenden acusarles de un delito de contaminación acústica. También se opondrán a la petición de cinco establecimientos de obtener licencias de discoteca para cerrar más tarde (4.30). Recuerdan que se trata de una zona saturada y que los locales no están acondicionados.

Las comunidades de La Madrila canalizarán sus quejas a través del abogado José Luis Fernández Simón, quien se dirigirá previamente a las instituciones para que pongan los medios contra estas molestias. "Volveremos a dar un tiempo prudencial a la Administración; más tarde también le denunciaremos si no aplica la normativa", subraya Salazar.

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Los inquilinos se ampararán en la Ley de Propiedad Horizontal, que prevé el cierre cautelar de un establecimiento si los vecinos se quejan de las molestias de forma reiterada. Además, Salazar recuerda que cualquier expediente para conceder o modificar la licencia de un local debe contar con un informe de vecindad, que será evaluado por los técnicos, donde figura la relación completa de los residentes del bloque con su opinión al respecto. "En el caso de La Madrila nunca se han realizado estos informes", indica.

¿Por qué cursar las denuncias a través de las comunidades de propietarios? El presidente recuerda que la asociación vecinal carece de solvencia económica y necesitaría crear un fondo común de afectados. Las comunidades tienen cuotas establecidas (bastaría con añadir otra extraordinaria) y están bien organizadas con las figuras del administrador y el presidente. "En caso de reclamar daños y perjuicios, es más sencillo hacerlo mediante una comunidad que tiene sus inquilinos contados", explica Salazar.

Los vecinos se apoyarán en las siete sentencias condenatorias a locales de otras ciudades. Además, tres comunidades cacereñas han logrado la apertura de expedientes sancionadores a dos negocios (Café Cantante y Rita), y la paralización de una obra de ampliación en otro (bar Justo).