Carecen de valor probatorio y de control metrológico, como requiere la ley de seguridad vial", afirmó ayer el presidente del colectivo Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, con respecto a los fotorrojos, el sistema para imponer multas instalado en cuatro cruces de la ciudad --Hernán Cortés con José Luis Cotallo, Hernán Cortés en acceso a plaza de Argel, Antonio Hurtado con plaza de América y Antonio Hurtado con Sánchez Manzano-- con el objetivo sancionar a aquellos conductores que rebasen un semáforo en rojo.

Según Arnaldo, la ausencia de control metrológico --del que sí disponen los radares comunes-- implica que no existen herramientas para asegurar que el sistema realiza su función de manera adecuada y siguiendo los requisitos por la legislación vigente. "No hay norma técnica que diga a qué prueba hay que someter a este tipo de aparatos para averiguar si funcionan bien o mal", explicó el presidente del colectivo Automovilistas Europeos Asociados, quien añadió que "cualquier fotografía se puede alterar o manipular".

Además, Arnaldo detalló que otro de los problemas es que "ningún agente observa el hecho, simplemente interpreta una serie de imágenes que recibe", con lo que las multas carecen de valor probatorio, como sí que lo tiene "una denuncia que formula una agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico", debido a que "la ley le otorga esa presunción de veracidad", precisó.

PROTOCOLO En ese sentido, el colectivo demanda también que se fije "un protocolo, que no existe en estos momentos, el cual determine la sincronía y los tiempos que debe durar cada fase del semáforo --dependiendo de donde está situado, el ancho de la calle...-- para dar seguridad tanto a los conductores como a los peatones".

No obstante, hace solo unos días, la empresa que tiene el contrato para la conservación y la gestión de la sala de control de tráfico y de los semáforos concluyó en un informe que el sistema instalado en Cáceres "no es comparable con los de las ciudades en las que han prosperado recursos judiciales", como Madrid o San Sebastián, defendiendo así la fiabilidad del aparato.