El concejal Joaquín Rumbo, absuelto de prevaricación, no será inhabilitado

Así lo ha resuelto la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, al estimar el recurso que por parte de la defensa del concejal cacereño se interpuso contra la sentencia que al respecto dictó el pasado 31 de enero el Juzgado de lo Penal 1 de Cáceres. Este le consideró autor responsable de un delito de prevaricación por el que le condenó a siete años de inhabilitación especial para el desempeño del cargo de concejal, pero ahora la Audiencia Provincial ha revocado esta resolución judicial.

Según consta en su sentencia, de fecha 29 de junio, a Joaquín Rumbo se le absuelve del delito de prevaricación "por cuestiones procesales y de indefensión con respecto a una calificación jurídica específica", pero, no obstante, se le considera, "por las pruebas practicadas", autor de un delito de coacciones. Por éste se le condena al pago de una multa de 3.652 euros.

EL PROCESO Los hechos por los que el edil responsable de Obras se ha visto inmerso en un proceso judicial y fue juzgado el pasado 27 de enero en el Juzgado de lo Penal se remontan a hace casi tres años, por un problema surgido con los arrendatarios del bar de la sede de la Asociación de Vecinos Santa Bárbara, de la barriada de Aldea Moret.

El ayuntamiento, en virtud de una resolución de la alcaldía de fecha 11 de abril de 1989 cedió el uso del centro social a la asociación de vecinos, cuya presidenta, Guadalupe Iglesias, suscribió un contrato de arrendamiento con el denunciante, Pascual Pardo, para llevar el bar.

Ante un problema surgido con el pago de los recibos de la luz, la presidenta vecinal y el concejal requirieron al arrendatario para que se marchara del local, a lo que éste se negó asegurando que estaba al día en el pago de los recibos.

"Como el inquilino se negaba a desalojar el local --se hace constar en la sentencia--, Guadalupe Iglesias, plenamente consciente de que existía un contrato de arrendamiento en vigor, le pidió a Joaquín Rumbo que procediera a cortar el suministro eléctrico". El concejal, se añade, "sin incoar ningún expediente administrativo y con ausencia de cualquier procedimiento, dirigió y firmó un oficio a Iberdrola en el que interesaba se procediera de inmediato a darle de baja".

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