La Diputación Provincial celebró ayer el último pleno de la legislatura, una sesión distendida y dialogante que cerró cuatro años de debates, encuentros y desencuentros políticos. La mayoría de los puntos del orden del día fueron de mero trámite para rematar flecos, aunque se trataron algunos asuntos de interés, especialmente la moción urgente presentada por el PSOE contra el maltrato doméstico a raíz del asesinato ayer de Patricia Maurel, candidata del PP a la alcaldía de un pueblo turolense, a manos de su propio marido.

El Grupo Popular agradeció el gesto y ambos partidos respaldaron la moción, en la que se insta a los poderes públicos a aplicar todas las medidas posibles contra la violencia de género, calificada por el vicepresidente de la diputación, Miguel Angel Morales, como "terrorismo doméstico".

Por otro lado, ambos partidos aprobaron un programa para adquirir nuevo mobiliario destinado a los ayuntamientos, casas de cultura y mancomunidades, con una aportación de 600.000 euros (100 millones de pesetas), el 65% a cargo de la diputación. También dieron luz verde a un plan de desarrollo informático con destino a 25 poblaciones, mediante una inversión de 50.000 euros (8,3 millones) para compra de material. Finalmente salió adelante un proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la institución, por 240.000 euros (40 millones).

POLEMICA POR EL INTERVENTOR

El pleno trató la reclamación presentada por el interventor general de la diputación tras el nombramiento de un interventor colaborador. El PSOE afirmó que éste no interferirá en las atribuciones del primero, pero el PP mantuvo que el puesto no era necesario "y se ha creado para enmendar la plana al interventor jefe".

También se aprobó el convenio que regula las relaciones entre la institución y el personal funcionario y laboral, después de tres años de arduas negociaciones.

El pleno acabó con varias preguntas del Grupo Popular, en las que pidió explicaciones sobre la situación de las obras previstas en los planes bianuales para Aliseda y Madrigalejo, que quedaron pendientes en el año 2002, y sobre las actuaciones que se están realizando en los terrenos de la diputación frente al campus. También se concretó la retribución de un salario anual de 12.000 euros para la directora del Colegio Mayor Francisco de Sande, que no percibía sueldo.