El juzgado de lo Social número 1 ha dado la razón a una trabajadora que demandó la distribuidora de Coca-Cola en Cáceres (Redelsur) por discriminarla tras ser madre. Una sentencia del tribunal considera que la empresa vulneró el derecho fundamental de la empleada a no ser discriminada por razón de sexo, al decidir trasladarla a Badajoz después de dar a luz a su segundo hijo y pedir una reducción de jornada. Por ello, anula el traslado.

El fallo judicial, que ha sido recurrido por la empresa ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, considera que el traslado de la trabajadora, la coordinadora de la planta de Cáceres y la única mujer, no estaba "justificado". Redelsur argumentó que la decisión formaba parte de la estrategia de centralización que lleva a cabo la compañía en toda España.

JUSTIFICACIONES Aunque esa estrategia empresarial es cierta, con la reubicación en Badajoz de la trabajadora afectada, se creaba una situación única y singular respecto al resto de los centros de distribución de Coca-Cola en España, ya que habría dos coordinadores en la planta pacense, algo inusual. La empresa justificó esa singularidad en que así los dos jefes podían sustituirse. Sin embargo, el juez estima que si esa era de verdad la razón no se explica cómo esa misma política --de tener dos coordinadores por centro-- no se aplica en el resto de plantas de España.

Lo cierto, y así lo considera en su sentencia el magistrado del juzgado de lo Social número 1, Mariano Mecerreyes, es que "lejos de favorecer la gestión del negocio, la decisión empresarial perjudica a la trabajadora, con dos hijos de escasa edad, por el hecho de su maternidad".

Los problemas de la trabajadora, que lleva en la empresa desde 1987, comenzaron el 1 de abril del 2004. En aquella fecha, anunció que iba a pedir una reducción de jornada al estar embarazada de 5 meses y tener un hijo de tres años. Se le dijo verbalmente que los puestos de Cáceres serían amortizados.

Un mes después, la empresa le informó de que iba a ser trasladada a Badajoz. Ella reaccionó llevando a juicio a la empresa. Sin embargo, en el acto de conciliación previo al juicio celebrado en septiembre del 2004, la empresa aseguró que no había adoptado ninguna decisión de traslado. Al poco tiempo, el conflicto renació. A primeros de enero de 2005, la empresa notificó a la trabajadora, representada por la abogada cacereña Pilar Mastro, su decisión definitiva de trasladarla, por lo que ésta vuelve a demandar a la empresa. La resolución a dicha reclamación ha sido este fallo judicial en primera instancia.