La Audiencia Provincial ha condenado a penas de entre siete a tres años de prisión a los siete procesados por tráfico de cocaína de la operación Gotelé , desarrollada en otoño del 2007 por la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional. El tribunal ha considerado que los condenados no funcionaban como una organización propiamente dicha, ya que no se rendían cuenta entre sí de las ventas, del dinero o de la droga, pero sí que actuaban como una red de distribución, según la sentencia hecha pública ayer y contra la que aún cabe recurso.

El cerebro de esa red de comercio ilícito era un colombiano, Pablo Mauricio G. M., sin residencia legal en España, al que se le castiga con la pena máxima, siete años de prisión más el pago de una multa de 240.000 euros por la importante cantidad de droga que se intervino en su domicilio, casi un kilo de coca con una pureza del 25% que, sin repartir en dosis, estaba valorada en cerca de 80.000 euros.

Este colombiano compraba la cocaína a su tío, también colombiano y en paradero desconocido, en Madrid y otras veces en el poblado de Las Barranquillas. Después la vendía a consumidores directamente o a otros imputados en la causa quienes, a su vez, la vendían a otras personas.

PINTORES Y TRAFICANTES Uno de esos vendedores secundarios era su propio jefe en la empresa de pintura para la que trabajaba esporádicamente, de ahí el nombre de la operación policial, Francisco Javier R. F., alias Cano , al que se le condena a 5 años de prisión. También un vecino del residencial Universidad, Luis S. J., penado con 3 años al aplicársele la atenuante por drogadicción. A este le ayudaba a vender la droga su pareja, la marroquí Fatiha E. F., condenada a 4 años.

La red se extendía hasta Herreruela con Jesús Timoteo M. H. y Tomás C. B. Al primero se le aplica una atenuante de drogadicción y es condenado a tres años de prisión, mientras que el segundo se le impone una pena de cuatro años de internamiento.

Por último, también ha sido condenada a la pena mínima la pareja del colombiano, Catalina O. R., de la misma nacionalidad, al considerarse que no sólo era conocedora del negocio, sino que a veces era intermediaria. Sin embargo, el tribunal ha ordenado su puesta en libertad provisional --ella y su pareja son los únicos que están en prisión preventiva desde noviembre del 2007-- hasta que la sentencia sea firme.