Durante varios días se dedicaron a recabar toda la información necesaria de las personas a las querían estafar. La mayoría de ellos de avanzada edad. Una vez que tuvieron todos los datos se desplazaron desde Sevilla para poner en marcha su plan. Actuaron durante diez días (entre el 15 y el 25 de enero del 2018) en las localidades de Alcántara, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz, donde entraban en las casas de las víctimas con la excusa de que tenían que realizarles la revisión de las instalaciones del gas.

Siempre iban dos y se hacían pasar por empleados de Repsol, a pesar de que no consta su habilitación para dicha actividad en esta región ni tampoco tienen relación alguna con dicha empresa. Una vez en los domicilios insistían a sus inquilinos en la necesidad de llevar a cabo la revisión de la instalación, pero nunca realizaban un presupuesto previo de lo que aquello les iba a suponer ni les informaban de lo que podían costar las reparaciones que supuestamente necesitaban. Y es que, además de las revisiones, les obligaban a cambiar algunas piezas que se encontraban en buen estado. Además, junto a las facturas, les entregaban otro documento del que tampoco informaban y que consistía en un contrato de mantenimiento para un periodo de cinco años Por esto último le pedían el abono de 50 euros en mano.

De esta manera estafaron a 19 personas de avanzada edad, a las que consiguieron quitar unos 100 euros. Solo a una de ellas, que se percató de que lo que había firmado era la suscripción para el mantenimiento de la instalación, le devolvieron esos 50 euros porque les amenazó con acudir a la Guardia Civil. Todos denunciaron después en consumo. Ahora acaban de ser condenados por el Juzgado de lo Penal Número 2 a un año de prisión por un delito continuado de estafa y a devolver a cada una de las víctimas el dinero que les estafaron; en total casi 1.300 euros. La sentencia es firme.