El fallo de la Audiencia Provincial de Cáceres en el caso de los pisos-prostíbulos que funcionaron en Cáceres (calles Gil Cordero, Argentina y Picos de Europa), Alicante y La Coruña, condenando solo a tres de los nueve acusados, ha desmontado la tesis de la existencia de una organización dedicada a la inmigración clandestina y la explotación sexual de extranjeras en casas de citas de estas tres ciudades. Entre los condenados, no se encuentra ninguno de los tres venezolanos detenidos e implicados inicialmente en Cáceres.

La Audiencia ha condenado en una sentencia hecha pública ayer a tres brasileñas, dos de ellas transexuales. Las tres tenían un "acuerdo explícito", dice el fallo, para enviar desde su país a España de forma ilegal a chicas "en mala situación económica, jóvenes, agraciadas y relativamente fáciles de engañar" para prostituirlas.

Las dos transexuales, Jessica y Amanda, que regentaban una casa de citas en Alicante han sido condenadas a 10 años de prisión y un día por un delito contra los derechos de los extranjeros y dos delitos de aprovechamiento de la prostitución, mientras que a la otra brasileña, Rejane Duarte, se le han impuesto 4 años de cárcel por el delito contra los derechos de los extranjeros.

NADA DE RED ORGANIZADA La sentencia es clara en cuanto a la inexistencia de una red organizada dedicada a la explotación sexual de extranjeras, como sostenía la investigación policial y posteriormente la Fiscalía. La existencia de una organización, argumenta el tribunal, "supone y exige una red estable, jerarquizada, con distribución de roles y apoyo en el extranjero, es decir, cuando existen medios materiales y humanos coordinados, algo que no se da en este caso al tratarse de un solo hecho, sin que se haya constatado habitualidad".

De hecho, se exculpa a los detenidos en Cáceres y La Coruña y se establece que la relación entre los pisos es ocasional por la rotación de las personas que se prostituían en ellos y la amistad entre las personas que los regían. Al frente de los cacereños se encontraba un venezolano huido de la justicia aunque su madre, su hermana y su exnovio han sido absueltos.

En Cáceres, según la declaración de las testigos protegidas, prostitutas en ellos, el tribunal especifica que ejercían esa actividad "libremente". "No fueron nunca "explotadas" (...), nadie las obliga a nada", señala textualmente el fallo judicial.

Ejercen la prostitución con un porcentaje de ganancia y reparto (el 50%) que "libremente fijan" y, como apunta el tribunal, "no toda ganancia que proviene de la prostitución convierte a quien la percibe en autor de un delito" de explotación sexual. No ocurrió lo mismo en Alicante, donde las chicas tenían restringido su movimiento y no percibían dinero.

Cinco de los 6 acusados absueltos han permanecido más de un año en prisión preventiva hasta la celebración del juicio, el 1 de octubre. En algunos casos, han estado presos 17 meses. Angel Luis Aparicio y Santiago Hurtado, abogados de los procesados ahora exculpados, estudian una posible reclamación administrativa por daños y prejuicios por la estancia "injusta" en prisión. La sentencia puede ser recurrida. La Fiscalía no había tomado ayer aún una decisión al respecto.