La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados rechazó este martes una moción presentada por Vox que defiende la Cruz de los Caídos de Cáceres como “símbolo de concordia” y pide que no se retire de su ubicación actual, tal y como requirió el Gobierno este mismo año para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica.
La proposición no de ley, presentada por los diputados Macarena Olona, José María Sánchez y Magdalena Nevado, expone que la cruz es “un monumento que acompaña a generaciones de cacereños” y que representa “todos sin distinción de ideologías, religión, ni cualquier otra condición”, ya que según recoge el texto de la moción, con la llegada de la democracia se instaló una placa conmemorativa que proclama “la ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la Patria” y por tanto, considera que “no se dan los condicionantes necesarios para considerar que la cruz debe ser retirada”.
Rebatió la defensa de esta moción Enrique Santiago, Secretario General del PCE y representante de Unidas Podemos, que declaró en la comisión que “es desproporcionado afirmar que es un elemento clave para la vida de Cáceres”. En ese sentido, defendió que España es un estado laico y expuso también que “las generaciones anteriores a la democracia no han podido manifestar su opinión al respecto, ya que vivían en una dictadura” y que la defensa de la cruz como símbolo de acercamiento y de unión “carece de todo fundamento”. Por último, precisó Santiago que la ley de memoria histórica no impone destruir los símbolos franquistas e instó a los grupos parlamentarios que defienden que se mantengan que los conserven pero “no en espacios públicos”.
Aunque es un tema que ha generado debate en los últimos años en la ciudad, fue en marzo de este año cuando en respuesta a un escrito formulado por Carlos Mulet, ex senador de Compromís, que declaraba que la “cruz perpetuaba el recuerdo del odio y del enfrentamiento” y pedía al ayuntamiento su retirada, el Gobierno manifestó que se debía retirar y en el caso de no hacerlo, instaría a la Junta a su traslado. Hizo mención el gobierno al artículo 15 de la norma sobre Símbolos y monumentos públicos que expone que deben retirarse escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
En ese sentido, el alcalde de la ciudad Luis Salaya manifestó su compromiso con el cumplimiento de la ley y anunció su compromiso de retirarla pero no definió las condiciones ni plazos ya que según, añadió, conlleva "implicaciones presupuestarias en un momento en el que tenemos prioridades muy importantes". También expuso su intención de trasladarla al cementerio.
