La junta local de gobierno conoció ayer el contenido de un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx que establece en 4,8 millones la cuantía del pleito que se entabla por la expropiación de 3.032 metros cuadrados de la zona de ampliación del parque del Príncipe. Los 4,8 millones son la valoración que la propietaria de este suelo da a su terreno. El ayuntamiento cuantificó su coste en 1,5 millones. No hubo acuerdo durante el trámite administrativo y ahora el proceso se traslada a la vía judicial.

Esos 3.032 metros cuadrados son suelo urbano destinado a zona verde, que al no estar adscrito a ningún sector o unidad de actuación se debe adquirir por parte del ayuntamiento por una expropiación u ocupación directa. El expediente se inició a instancia de Sagrario Galán, que ostenta la propiedad desde antes que el terreno se calificase como zona verde en el plan de urbanismo de Cáceres. El cálculo de 4,8 millones se realiza partiendo de los valores de otros dos procesos de expropiación efectuados con anterioridad en la misma zona.

El ayuntamiento no abonó dinero en metálico por el primero, sino que acabó pagando con metros cuadrados edificables en distintas parcelas de su propiedad, en Rodeo, Perú y frente a la estación, por un valor de 14,9 millones, mientras que por el sengundo deberá abonar 6,3 millones.

Estos dos procesos, el primero se cerró en el 2001 y el segundo concluyó con una sentencia del Supremo de julio del 2008, fueron promovidos por sociedades que compraron el suelo una vez que ya estaba destinado a zona verde para después solicitar al ayuntamiento el trámite de la expropiación. El precio que se pagó por el suelo en el segundo de estos procesos fue de 625.000 euros en 1999, cantidad que con la sentencia del Tribunal Supremo, que fijo su justiprecio en 6,3 millones, se multiplica por diez.

Las sociedades eran Promeimsa, cuyo apoderado cuando en el 2001 se cerraba el acuerdo con el ayuntamiento era Manuel Nieto, y GP Promoción del Suelo, que, según datos de julio cuando salió la sentencia, tenía de administrador a César Carlos Palacios y de apoderada a Elena Nieto.

Una paradoja de estos procesos expropiatorios es que el consistorio es obligado por su propio plan de urbanismo a la adquisición de terrenos que no tienen una utilidad ni a corto ni a medio plazo (no se tiene ninguna partida para acondicionar el terreno que se ha tenido que adquirir para ampliar el parque).

El nuevo plan de urbanismo, que está en trámite de aprobación, corrige este hecho, ya que los terrenos destinados a dotaciones pública se adscriben a un sector o unidad de actuación urbanística y el consistorio los obtiene por cesión cuando autoriza el desarrollo del sector o unidad, que puede ser residencial.

PRESUPUESTO INVERSOR El portavoz del gobierno, Lorenzo de la Calle, informó ayer del contenido del auto de la Sala de lo Contencioso, que es de fecha del pasado 2 de diciembre. El portavoz recordó que ahora continuará el procedimiento contencioso que determinará la cantidad a pagar, que "por mucho que se pueda rebajar, es una nueva cuantía desmesurada para las arcas locales".

De la Calle también informó del contenido de la sentencia de la audiencia provincial que obliga al pago "de un importe superior a los mil euros" al autor de los daños ocasionados a la estatua de la plaza de la Concepción.

El portavoz y concejal de Economía adelantó ayer algunas de las ideas que se recogerán en los presupuestos del 2009. De la Calle recordó que por primera vez tras cuatro ejercicios se pueden aprobar con un equilibrio presupuestario (mismos ingresos que gastos), aunque resaltó que cabe la posibilidad de que salga con déficit (más gastos que ingresos) con el fin de incrementar las inversiones públicas en el periodo actual de crisis. El cierre de esta decisión podría incidir en que los presupuestos no se aprobasen antes del día 31.