El ayuntamiento podrá atender con el nuevo plan de pago deudas por valor de 11,6 millones. Este es por ahora el importe que suman las 78 facturas/liquidaciones que pueden acogerse al real decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. El 25 de julio se abrió el plazo para que proveedores y contratistas a los que se adeuda esta cantidad puedan dirigirse al ayuntamiento y pedir un certificado de reconocimiento de la obligación de pago. Hasta ayer lo habían solicitado acreedores con deudas por valor de 615.129 euros. El certificado es necesario para cobrar el débito, que no se pagará antes del 31 de octubre, y el plazo para solicitarlo acaba el 6 de septiembre.

Este es el segundo plan de pago promovido por el Ministerio de Hacienda al que se acoge el ayuntamiento. En el anterior se abonaron deudas de más de 10 millones y solo se podían incluir obligaciones de pago anteriores al 2012. El nuevo plan permite que se abonen las obligaciones contraídas hasta el 31 de mayo que estén aplicadas en el presupuesto del consistorio y amplía los casos de los acreedores que se pueden beneficiar, así se incluyen desde el primer momento las deudas derivadas de las concesiones administrativas, las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por resolución judicial firme o las transferencias a instituciones o asociaciones que tengan fines sociales.

Según los plazos del plan, el ayuntamiento tiene hasta el 20 de septiembre para remitir al ministerio toda la información de las obligaciones de pago con aplicación en el presupuesto que no se hayan pagado, por lo que la cantidad inicial de 11,6 millones se podría incrementar.

El ayuntamiento tendrá que remitir entre el 20 y el 27 de septiembre un plan de ajuste al ministerio, que tiene de plazo hasta el 31 de octubre para valorarlo y comunicar al Instituto de Crédito Oficial si le ha dado el visto bueno. Si el plan de ajuste se aprueba, el pleno del ayuntamiento deberá aprobar a partir del 31 de octubre una operación de crédito por el importe de la cantidad que se adeuda y que se abonará con el plan de pago.

Este crédito se concertará con una o varias de las entidades financieras que participan en el fondo que el ministerio creó en marzo del año 2012 para el pago a proveedores. Una vez contratado el crédito, los acreedores empezarían a cobrar de las entidades. Si el plan de ajuste no se aprobase, Hacienda podría retener parte de la cantidad que da al ayuntamiento por su participación en tributos del Estado.

El ayuntamiento tenía reconocidas obligaciones de pago en el presupuesto por valor de 18,3 millones a fecha del 31 de mayo. Parte de esta cantidad, por valor de 11,6 millones, es la que ahora se acoge al nuevo plan de pago. Pero ésta no es la única deuda del ayuntamiento, que además adeuda 12,2 millones de operaciones y facturas pendientes de aplicar al presupuesto, más de 10 son de expropiaciones con sentencia, que si no se aplican a las cuentas locales antes del 20 de septiembre no se podrán abonar con el nuevo plan de pago.