El caso de los dos policías cacereños acusados de corrupción, de cobrar dinero a mujeres inmigrantes ilegales que ejercían la prostitución en la provincia, sigue aún abierto. Aunque hace un año la Audiencia Provincial de Cáceres les declaró inocentes, una sentencia del Supremo ha hecho que sus abogados tengan que volver a la ´lucha´ acudiendo hasta el Tribunal Constitucional.
La Audiencia absolvió a Francisco Silgado y Eloy Sánchez de los delitos de revelación de información cometido por funcionario público, aprovechamiento de información por particular, continuado de cohecho, continuado de falsedad en documento oficial y favorecimiento de la inmigración que les imputaba a ambos el ministerio público.
El fiscal, en desacuerdo, recurrió ante el Supremo, que el 19 de diciembre del 2003, como ya informó EL PERIODICO, dictó una sentencia que anula la de la Audiencia y que obliga a este tribunal a emitir una nueva valorando las escuchas telefónicas y las pruebas conseguidas a través de ellas, y que no se tuvieron en cuenta en su día.
PETICION DE AMPARO Sorprendidos por la resolución del Supremo, los abogados de los agentes han decidido acudir al Tribunal Constitucional, ante el cual presentaron el pasado miércoles un recurso de amparo. Consideran, y así consta en el citado recurso, que la resolución del Supremo "conculca el derecho constitucional relativo al secreto de las comunicaciones telefónicas y el derecho a un proceso con todas las garantías".
Ahora, así lo indicó a este diario el letrado Angel Luis Aparicio,"confiamos plenamente en que el Tribunal Constitucional nos dará la razón y declarará que las escuchas telefónicas fueron obtenidas vulnerando derechos fundamentales, con lo que se confirmará la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia". Esta, por su parte, dictará en breve su nuevo fallo.
