La presidenta de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (Fecons), Pilar Acosta, y el presidente de la asociación de promotores, Juan Antonio Salgado, expresaron ayer su preocupación por el retraso que va a sufrir la aprobación definitiva del plan general y por la inseguridad jurídica que se generará en el sector por los cambios en el plan. La tercera consecuencia es que este retraso e inseguridad da como resultado pérdida de empleo. La previsión que maneja la Fecons es que "de aquí a un año o año y medio se perderá el 50% de los empleos". El sector de la construcción en la provincia da empleo a 28.000 trabajadores.

Según las consideraciones realizadas ayer por los directivos de la federación, esta pérdida laboral no es solo una consecuencia exclusiva del retraso en el plan, pero sí incide, lo mismo que las medidas que se anuncian por la Consejería de Fomento, como la participación del sector público en la promoción, construcción y rehabilitación, un intervencionismo que cuestionó Acosta porque se produce en "un momento, no de crisis, pero sí de ajuste para el sector" empresarial.

En relación a estas medidas, Acosta y Salgado se refirieron a las dudas dentro del sector ante el anuncio de que el porcentaje mínimo de vivienda protegida en los nuevos suelos urbanizables pasará del 25% de la ley del suelo extremeña en vigor al 50% en la reforma de esta legislación (la ley estatal fija un 30%). Acosta comentó que se desconoce a qué se refiere ese 50%, si a la edificabilidad, vivienda o al aprovechamiento objetivo. Salgado y Acosta coincidieron ayer al comentar que la reforma de la ley va a estar antes que la aprobación definitiva del plan, por lo que el 50% de reserva de vivienda protegida ya se aplicaría en los nuevos sectores de suelo urbanizable.

En relación al plan, Acosta pidió "cordura y sentido común", y recordó como en el plan se hacen unas previsiones con grandes obtenciones de sistemas generales para espacio verde en la Montaña y en la Sierrilla y que esto incide en que se habilite más suelo urbanizable. La conclusión de Acosta fue que "si se cambian las reglas del juego" se genera una inseguridad jurídica y un perjuicio a un sector que había comprado suelo en base a previsiones que ahora se ponen en duda. La federación consideró ayer que el hecho de que haya tanto suelo urbanizable en el plan no significa que se vaya a desarrollar todo y que sea necesario reducirlo.