Las escuchas telefónicas llevadas a cabo por la policía a los implicados han sido la prueba principal para probar que los cinco condenados llevaron a cabo un delito contra la salud pública en octubre del 2008. De hecho, el ´macrojuicio´ celebrado el 28 y el 29 de abril estuvo marcado por dichas conversaciones telefónicas interceptadas a los once acusados. En uno de los autos los abogados de la defensa, entre los que figura Santiago Merino, solicitaron la nulidad de los juicios basándose en que el juez no tuvo control de las intervenciones, que estas superaron el tiempo autorizado y que no hubo secretario judicial que transmitiera lo que se grababa. Sin embargo, la Sala rechazó la petición.
