Ya quedan pocas cosas de las que nos podamos sentir orgullosos los españoles o de las que nos podamos servir para nuestra comodidad y disfrute, sin tener que pagar abultados precios a las empresas privadas que las compraron - baratas y sin recargos - para explotarlas en beneficio propio. Tampoco es mucho el territorio nacional que pertenece al conjunto de sus ciudadanos; las playas, las costas pintorescas, los ríos y sus márgenes, los bosques y, por supuesto, los espacios urbanos; pues hace tiempo que fueron enajenados, recalificados, construidos y destruidos por la iniciativa privada que siempre fue una iniciativa demoledora, dedicada a esquilmar las riquezas comunes para aumentar las propias. Siempre en virtud de leyes y normativas que incentivaban el negocio en detrimento de la utilidad pública; y que estimulaban a las distintas «burbujas» que se iban inflando en varios sectores de la economía nacional - siempre para enriquecer a unos cuantos - mientras se empobrecía y adelgazaba el patrimonio común de los ciudadanos, que acababan estando en una perpetua y pesada crisis de la que no podían salir.
Ante las recientes y acaloradas defensas de la «Unidad Nacional» frente a nacionalismos y exclusivismos de catalanes y vascos, por parte de los militantes y dirigentes del Partido en el Gobierno, defendiendo que «España es de los españoles» y nadie tiene derecho a romper esta sagrada unidad, que es «patrimonio» indivisible del pueblo español; cabría recordar que los que hicieron la primera «almoneda nacional», vendiendo a inversores extranjeros empresas, explotaciones mineras, grandes áreas del suelo patrio para hacer extraños negocios y dispendios, fueron precisamente los dirigentes del Partido Liberal- Conservador, inspirados en el galopante «Neoliberalismo» - globalizador y acaparador - que solamente tiene un objetivo: acumular capitales para invertirlos en nuevos negocios especulativos. Crear «fondos buitre» para adquirir miles de viviendas sociales de ayuntamientos o corporaciones, con el fin de desahuciar a sus ocupantes - normalmente familias pobres o trabajadores en paro - y volver a arrendarlas por rentas muy superiores, que produzcan mayores beneficios. Corromper a los militantes «populares» que fuesen concejales, diputados, alcaldes, consejeros de algunas autonomías, con regalos, dádivas, «porcentajes» y otras «corruptelas» al uso, para recalificar suelo rústico como urbano, desproteger paisajes naturales, arrasar bosques, desecar aguazales y otras «hazañas» contra el paisaje natural y contra el «patrimonio nacional», para construir urbanizaciones de lujo, campos de golf, «palacios de justicia», «complejos culturales» y otros «engendros», cuyos presupuestos fueran fáciles de «recrecer», una vez asentados; consiguiendo así notables aumentos de sus costes financieros para repartirlos entre los «clientes» y amigos de los políticos responsables.
Hoy, los españoles, estamos asistiendo atónitos a las condenas de los grandes y repetidos juicios contra los corruptos y sus imitadores, que han invadido todos los resortes de la política y de la economía, para crear «gusaneras» de pillos y ladrones que corroen al País desde la oscuridad de sus guaridas; destruyendo las instituciones y los organismos del Estado para succionar sus recursos - aportados por todos, con nuestros impuestos - y «saquear» el patrimonio de todos los españoles para inflar sus cuentas y llevarlas a los «paraísos fiscales». «No votéis a los ladrones; que nos robarán las pensiones»; decían las pancartas de las manifestaciones recientes. Todos sabemos quiénes son estos ladrones y lo que nos hurtan con sus mentiras y engaños.
