El caso del crimen ocurrido en La Madrila en la madrugada del pasado 6 de enero se elevará a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, pero no será por jurado popular, como había solicitado la acusación particular, sino por procedimiento ordinario.

A Alejandro Martín Niño, en prisión por causar la muerte de un disparo al estudiante de Derecho Alejandro Clemente, de 19 años, se le imputan tres delitos, los de asesinato, tenencia ilícita de armas y maltrato familiar. Al no ser este último competencia de Tribunal de Jurado, la acusación había solicitado que se enjuiciara este delito por separado, en definitiva, que por los delitos de asesinato y tenencia de armas Alejandro Martín fuera juzgado en la Audiencia, por Tribunal del Jurado, y que por el de maltrato familiar se celebrara juicio en el juzgado correspondiente.

La petición, según información facilitada ayer a EL PERIODICO por fuentes cercanas al caso, ha sido desestimada por la juez instructora del caso, quien ha resuelto que el procedimiento no se continúe por el trámite del jurado, sino por procedimiento ordinario sumarial para el enjuiciamiento de la totalidad de los delitos, cuya competencia corresponde a la Audiencia.

CONTINUACION Una vez resuelto que se continúe el procedimiento por las normas del sumario el siguiente paso, según las fuentes consultadas, será que la juez instructora dicte el auto de procesamiento y, una vez notificado éste y concluido el sumario, se elevará a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento.

Por su parte, la Audiencia decretará la apertura del juicio oral, proceso en el que cada una de las partes --fiscalía, acusación y defensa-- presentarán su calificación provisional de los hechos y petición de penas.

Pendientes de concretar, tanto la fiscalía como la acusación ya manifestaron a este diario su intención de solicitar para el acusado las penas máximas, en concreto 23 años de prisión --20 por el asesinato, dos por la tenencia ilícita de armas y uno por el maltrato familiar--. Y la defensa, por su parte, también manifestó en su día la intención de solicitar que el hecho no se califique como asesinato, sino como homicidio --castigado con penas de entre 10 y 15 años de prisión--, y también la aplicación de atenuantes, como obcecación y alteración por la ingesta de alcohol, que reducirían las penas.

No obstante, las calificaciones provisionales y petición de penas que finalmente elevarán a la Audiencia Provincial cada una de las partes aún no han sido desveladas por éstas.