La tensión entre el gobierno local y los sindicatos subió ayer exponencialmente cuando el portavoz municipal Rafael Mateos compareció ante la prensa para asegurar que no cederán al chantaje y que es «a todas luces incomprensible» la amenaza de los representantes sindicales a propósito de la negociación de una subida salarial a los empleados públicos.

Avisó Mateos a los sindicatos de que el gobierno de Elena Nevado seguirá firme con su hoja de ruta. Los sindicatos también la siguen. De hecho ayer no le tembló el pulso a los representantes de CSIF, CCOO y UGT a la hora de registrar en la Subdelegación del Gobierno de Cáceres un escrito conjunto solicitando, en los términos y plazos que establece la ley, concentraciones en la plaza de las Piñuelas para los días 2, 8, 10 y 14 de noviembre próximos.

«Estas concentraciones son fruto del malestar generalizado que hay entre los trabajadores del ayuntamiento por las decisiones que últimamente está tomando el equipo de gobierno, entre las que se encuentra nuestra merecida revisión salarial. Esperamos que el equipo de gobierno recapacite y vuelva a la senda del diálogo que nos permita llegar a un acuerdo satisfactorio para todos», dijo ayer Jesús Solana, representante de CSIF.

El portavoz del equipo de gobierno fue, sin embargo, rotundo al asegurar que «lo único» que buscan los sindicatos es un aumento de las ayudas sociales que hubieran supuesto un desembolso de 200.000 euros para las arcas municipales.

Mateos defendió que su gobierno puso encima de la mesa una propuesta con una subida general para todas las categorías laborales y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, de entre 30 y 50 euros aproximadamente, así como el reconocimiento del nivel 2 de la carrera profesional a partir de 2018, pero los sindicatos la rechazaron.

Fue entonces cuando el gobierno dijo: «se acabó», y decidió aplicar, con el apoyo de Ciudadanos, el siguiente acuerdo: la regularizacón del complemento 99/2005 para todos los empleados y revisión salarial, así como una subida para las categorías A1 y A2 durante 2018 y la carrera profesional para 2019, que era el compromiso que fijó el gobierno local con Ciudadanos a cambio de que apoyara los presupuestos municipales del próximo ejercicio.

Que el gobierno sigue su hoja de ruta está tan claro como que ayer fue más allá al aprobar incluso un expediente para regular y organizar guardias localizadas y conocer el uso que se hace de ellas, así como el régimen de incompatibilidades y complementos específicos de las dedicaciones especiales de los trabajadores municipales. Mateos criticó que, en cuanto a las guardias localizadas de algunos servicios, el trabajador «cobra hasta tres veces»: una por pertenecer a puesto de trabajo susceptible de entrar en el turno de guardias localizadas, otra en el periodo que le toca estar de guardia (que puede ser una semana cada cierto tiempo), y una tercera si es necesario su servicio y se le requiere para algún trabajo.

«Esto hay que contarlo», dijo el portavoz, que insistió en que la reorganización de este sistema contribuirá también a mejorar la gestión del trabajo en áreas como la brigada de Obras, urbanismo, o servicios administrativos que se acogen a las guardias localizadas. Mateos sentenció que «quienes mantienen una postura inflexible son los sindicatos», a los que calificó de «insaciables». Y zanjó: «El gobierno local no va a poner en riesgo ni la uniformidad de los trabajadores ni el Plan de Empleo Social».