Cuando llegué al ayuntamiento tomé la decisión inquebrantable de intentar ayudar a los vecinos. Tengo claro que hay que solucionar el problema, pero no soy Dios». Fue una de las frases que puede resumir la declaración de la exalcaldesa Carmen Heras en la primera sesión del juicio por los ruidos de La Madrila. Comenzó ayer con una sesión maratoniana en la que la política estuvo declarando casi cuatro horas ininterrumpidas, hasta pasadas las cuatro de la tarde. Además de ella se sentaban en el banquillo el exconcejal Carlos Jurado (ambos acusados de un delito de prevaricación medioambiental) y doce hosteleros, a quienes se les imputa por contaminación medioambiental. A dos de ellos además se les acusa de las lesiones que esos ruidos provocaron a tres vecinos de la zona.

Heras comenzó a prestar declaración a las 12.20 horas. Respondió a las preguntas de la Fiscalía y a las de todos los abogados de la defensa, pero se negó a responder a las de la acusación particular, que representa a la asociación Cacereños contra el ruido, colectivo que presentó hace siete años la querella criminal que ha llevado a la celebración de este juicio. Dejó claro que cuando llegó a la alcaldía ya conocía el problema: «era una problemática que llevaba veintitantos años, eso lo conocía yo como lo conocía cualquier cacereño». Y aseguró que tomó todas las medias a su alcance.

El Ministerio Público centró su interrogatorio en los expedientes que nunca llegaron a tramitarse y que procedían de las denuncias que puso la Policía Local a los bares de copas o de las que presentaron los vecinos. Algunos establecimientos acumularon más de una decena en un corto espacio de tiempo. Sin embargo los expedientes nunca terminaron de resolverse.

LAS RESOLUCIONES / La firma de Heras, según el Fiscal, aparece en documentos en los que se solicitaba una propuesta de resolución, pero no se tramitaba. «No me ocupaba de la parte técnica. Cuando me llegaba un documento o una providencia que debía firmar lo hacía con total tranquilidad porque el técnico entendía que debía hacerlo», señaló. «Yo no soy experta, tenía funcionarios expertos y me fiaba de ellos», añadió en otro momento. Existen otros expedientes que no contienen la firma de la alcaldesa, es decir, que ni siquiera llegaron a iniciarse: «Si no están firmados es porque no llegaron a mí. Todo lo que tuve que tramitar lo tramité», aseguró. Y añadió que ella «no tenía ningún interés» en parar los expedientes, «yo tenía la intención de solucionarlo».

Muchos de estos documentos se habían iniciado incluso antes de que Heras llegara a la alcaldía (algunos se incoaron en el año 2004 y Heras fue alcaldesa entre 2007 y 2011). También se le preguntó porqué no se gestionaron: «Yo no estaba de alcaldesa en 2004, tendrían que preguntárselo al alcalde que estaba (José María Saponi)», respondió. Y eludió su responsabilidad en materia de horarios de cierre (muchos de los expedientes sancionadores se incoaron porque los locales no respetaban la hora de clausura). «La competencia de los horarios depende de la Junta de Extremadura. No entiendo porqué la Junta no tiene nada que decir al respecto aquí», agregó Carmen Heras.

En cuanto a las actuaciones que llevó a cabo para solucionar el problema recordó que modificó la ordenanza de ruidos, que estaba obsoleta. El objetivo fue endurecer las sanciones y hacer que los hosteleros cumplieran. Además contrató a un técnico para que se hiciera responsable de gestionar los expedientes. Y dijo que se reunió en varias ocasiones con la asociación de vecinos de La Madrila y con Cacereños contra el ruido. Los problemas que le trasladaron estaban centrados en «los horarios, las personas en las puertas de los bares fumando y hablando y el botellón». Para terminar con esto último ordenó cortar la calle al tráfico por las noches los fines de semana. «Denunciaban que la gente se quedaba en la calle, abrían los capós de los coches y hacían botellón», señaló. Por su parte alegó que el problema de los ruidos en la calle y el desorden público «corresponde a la Policía Nacional».

PRESCRITOS / La vista oral comenzó a las 10.15 horas, media hora después de lo previsto. Pero durante las primeras dos horas los once abogados que defienden a los empresarios presentaron cuestiones previas, la mayoría relacionadas con la prescripción de los delitos para algunos de los establecimientos, entre ellos Barroco, Submarino, Sugar, Belleartes, La Cuerda y Tacones. La juez titular del Juzgado de lo Penal 2 estimó que resolvería estas cuestiones en la sentencia, una vez escuchados a los acusados, testigos y peritos.

El letrado que defiende a Heras y a Jurado, Emilio Cortés Bechiarelli, solicitó la declaración como testigos de la actual alcaldesa, Elena Nevado (para conocer la situación actual de los ruidos y los expedientes incoados), del exsubdelegado del Gobierno, Fernando Solís y del comisario de la Policía Nacional, Luis Ochagavía. Estos dos últimos estaban en los cargos durante el mandato de Heras; el objetivo es conocer su competencia en la materia y cómo actuaron. La juez desestimó la declaración de los tres porque «no han tenido relación directa ni participación en los hechos que se juzgan».

La vista continuará esta mañana con la declaración del exconcejal Carlos Jurado. Se prevé que el juicio dure hasta el 31 de octubre.