Si algún día ocupan nuestra vivienda, la clave está en darse cuenta lo antes posible porque, una vez que pasan 48 horas, solo se les puede desalojar con una orden judicial. De hecho, si el dueño accede a la casa y cambia la cerradura sería okupa de su propio hogar. Lo primero que hay que hacer es denunciar a la policía, que acudirá para identificar a los inquilinos y enviar un atestado al juzgado. Aquí es donde comienza la batalla judicial para recuperarla. La denuncia puede tramitarse por la vía civil (necesita la asistencia letrada, tardan en resolverse unos cuatro meses y se pueden recurrir) o por la penal (se instruyen como delitos leves, no se necesita abogado, tardan un mes o dos en resolverse y también pueden recurrirse). En Cáceres la mayor parte de las denuncias las realiza la Junta para recuperar viviendas sociales.
