El proyecto de una mina a cielo abierto en Valdeflores, en la sierra de la Mosca, y de construcción de una planta industrial para el procesado del litio no ha estado enterrado en ningún momento, pese a que a veces en el último año diese esa sensación. La prueba es la contratación esta semana de Cayetano Polo, exdirigente de Ciudadanos, como jefe de relaciones institucionales de la empresa. Polo ha sido el personaje público que más abiertamente ha mostrado su posición a favor de la mina.
Pero además hoy publica este diario el proyecto liderado por Seat, Iberdrola y Telefónica para, con el apoyo del Fondo Europeo de Reconstrucción, desarrollar en España toda la cadena de valor del coche eléctrico, empezando por la extracción en Cáceres del litio que se necesita para las baterías, lo que abre un nuevo escenario. En Cáceres hay dos proyectos -Valdeflores y Cañaveral-. A lo anterior se suma que en septiembre la Unión Europea incluyó el litio en la lista de materias primas críticas al necesitarse para las baterías.
Salvo imposiciones normativas de rango estatal, como una modificación de la Ley de Minas, o procedentes de Europa, el competente para ordenar el territorio del municipio es el ayuntamiento. Hay excepciones en las que la administración autonómica para determinados proyectos considerados de interés se la puede saltar. En Cáceres hay un ejemplo que está en la zona: el Residencial Universidad, que sigue en pie por el coste que hubiese supuesto a la administración local y autonómica indemnizar a los que de buena fe compraron esas viviendas. Pero en el caso de la mina, desde Mérida se ha repetido en numerosas ocasiones que la última palabra la tendrá el ayuntamiento.
La presión para que el proyecto salga adelante será cada vez mayor mientras se necesite litio para las baterías, con el coche eléctrico como presente y futuro en la automoción. Incluso si la australiana Infinity Lithium falla, ya hay otra empresa que está en la puerta esperando para investigar y explotar el mineral. Un ayuntamiento puede decidir dónde se construye y qué se preserva de edificaciones o de cualquier actividad, dentro de esta última categoría puede fijar una escala de menor a mayor protección del suelo.
Donde se quiere abrir la mina es un suelo protegido en el que se impide la actividad extractiva con los argumentos que recoge el plan de urbanismo. La Ley de Minas pueda tumbar esa prohibición si fuese genérica y no estuviese motivada. La interpretación sobre si los motivos de la protección son suficientes puede que al final la tenga que hacer un juez.
Bastantes planos y bocetos sobre el impacto de la mina y su cercanía a la ciudad y sobre la recuperación de ese espacio una vez terminada la actividad extractiva han circulado en los últimos meses. Lo cierto es que la mina transformará la sierra de la Mosca, no la parte de la Montaña que está frente a la ciudad, que ya tiene la cicatriz de la ronda este, ni el santuario, pero a partir de ahí poco será como se conoce hasta ahora si se hace la mina a cielo abierto. La pregunta es cuánto cuesta reventar ese espacio. Si es para excavar una mina y hacer una planta de procesado del mineral con una vida útil total de 30 años, es un precio muy alto, pese al empleo que se pierda y aunque este sea la primera necesidad de la ciudad.
Aquí se habla mucho de mina, de proyecto industrial con una planta para procesar el mineral, del litio como futuro, pero nadie se compromete ni da garantías de que la cadena de valor del coche eléctrico esté aquí. Si el litio sale del subsuelo de Cáceres y si el de Valdeflores, como se anuncia, es el segundo yacimiento más grande de Europa, también tendría que estar aquí la industria que produzca la batería y fabrique el automóvil para que realmente suponga la transformación económica de la ciudad a largo plazo. La mina sin más, y sobre todo por el sitio en el que estaría, que es la clave de todo este debate, puede ser pan para hoy, pero dejaría hambre para mañana con un gran agujero en el estómago.
