Cuatro son las personas a las que finalmente prevé la Fiscalía imputar por el presunto caso de corrupción detectado hace más de un año en Cáceres en el proceso de legalización de inmigrantes. Así lo estima teniendo en cuenta el resultado de más de 15 meses de investigaciones, derivadas de las supuestas irregularidades que en el verano del 2005 detectó la Unidad de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en 35 expedientes de normalización de extranjeros.

En principio, adelantó ayer a EL PERIODICO el fiscal jefe de Extremadura, Aurelio Blanco, "de no surgir pruebas nuevas en los informes periciales pendientes, son cuatro las personas a las que imputaremos". Contarán, además, con 62 testigos, "los que hemos considerado testigos válidos entre los más del centenar que ha prestado declaración".

Para la conclusión de la investigación, la Fiscalía está ya tan solo a la espera de que la Dirección General de Policía les remita desde Madrid los informes caligráficos que han solicitado a la policía científica, así como de que la Inspección de Trabajo les envíe los expedientes originales también solicitados. "Son éstas pruebas fundamentales, pues a través de ellas se podrá determinar cuáles son los expedientes falsos y confirmar que las firmas que figuran en éstos son de las personas a las que por las pruebas obtenidas hasta ahora se acusa de esos presuntos delitos de falsificación documental, prevaricación o cohecho y estafa ".

DIFICULTADES Hace ya 15 meses que el Gobierno, la policía y la justicia comenzaron la investigación de estas presuntas irregularidades en la legalización de extranjeros, tales como el hecho de que los empleadores que figuraban en los expedientes eran menores o jóvenes de entre 18 y 21 años, o que las firmas de éstos no coincidían con las de otros documentos aportados.

Fueron detenidos el 6 de octubre del 2005 dos empresarios y un funcionario de los servicios generales de la subdelegación. A éste último por ser, presuntamente, el autor de las compulsas de varios de los expedientes irregulares. Ante este hecho, y al margen de la investigación judicial, la subdelegación abrió una investigación interna para determinar la posible implicación de otros funcionarios. Esta se concluyó confirmando que solo estaba implicado un funcionario, el cual reconoció entonces que compulsó algunos documentos sin mirar los originales y sin tener autorización, pero que aseguró también no haber cobrado dinero por dichas compulsas.

La investigación interna se realizó en un mes, pero la judicial lleva 15 meses y aún no se sabe cuando se cerrará. Además de por la complejidad del proceso y el elevado número de implicados, sobre todo testigos, la dilatación se ha debido fundamentalmente, y según el fiscal-jefe, a la condición de extranjeros de éstos. Explicó en este sentido que para evitar quedarse sin prueba porque cuando se celebre el juicio puedan éstos no encontrarse ya en el país, han realizado las pruebas preconstituidas, "nos hemos visto obligados a tomarles declaración como si ya se estuviera desarrollando el juicio, y esto retrasa mucho".