La Consejería de Cultura se dirigirá al ayuntamiento para estudiar el futuro de la Cruz de los Caídos. Así lo confirmó este martes a este diario la Junta de Extremadura tras la reunión que mantuvo con la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) en la que el colectivo reclamó la retirada del monumento en cumplimiento de la ley de memoria histórica. En ese sentido, el gobierno regional anuncia su intención de mantener un encuentro con responsables de Patrimonio en el consistorio cacereño para «conocer su posición al respecto».

Precisamente sobre este asunto también se pronunció ayer el edil del área de Patrimonio en Cáceres, José Ramón Bello, que, aunque no concretó ningún detalle sobre el futuro del monolito sí esgrimió que se trata de un símbolo «controvertido» y recordó que durante el gobierno de José María Saponi ya se aprobó su retirada pero que ese acuerdo «no llegó a ejecutarse». En esa línea recordó también que en 2018 se creó una comisión de expertos durante la legislatura de Elena Nevado para catalogar símbolos y elementos franquistas y se incluyó este monumento como «uno de los elementos a retirar».

Este comité elaboró un informe sobre vestigios en la ciudad y estuvo comandado por el historiador César Rina, María Jesús Criado y José Hinojosa, presidenta y vicepresidente de Amececa y Fernando Jiménez Berrocal, responsable del archivo histórico.

En el caso de la cruz cacereña, el informe determina que «se hizo durante la guerra civil y ocupa un lugar de relevancia de la simbología franquista». Según detallan los historiadores, su construcción se aprobó el 9 septiembre de 1937 y se acordó colocarla en el centro de la ciudad como « homenaje los caídos por el movimiento nacional salvador de España». El monolito fue inaugurado el 10 de mayo del 1938 por Pilar Primo de Rivera.

Cabe destacar que el país existen al menos dos casos similares. El más reciente en Córdoba, donde el sindicato CGT tramitó este año una queja para retirar la gran cruz de la Subdelegación del Gobierno. En Vigo, una sentencia ordenó en 2014 el derribo de otra cruz levantada por Falange al entender que forma parte de la memoria «de humillación para los vencidos», no obstante, el ayuntamiento recurrió el dictamen alegando que «era un símbolo de la ciudad».