El presupuesto del ayuntamiento para 2016 se aprobará definitivamente el martes. Las nuevas propuestas que incluye se podrán llevar a la práctica, al menos tendrán una asignación de crédito. No son muchas las novedades ni son de gran importe, pero las hay que parten de acuerdos con partidos de la oposición, que ya le han recordado al gobierno municipal (PP) y a su alcaldesa, Elena Nevado, su obligación con ellas.

La primera es el plan de rescate ciudadano. No obstante, desde pasado 1 de enero había partidas del presupuesto prorrogado de 2015 que en su destino coinciden con las del citado plan. Pero la diferencia al tener un plan con el presupuesto aprobado es que las aportaciones para garantizar mínimos vitales se triplican. Es la parte principal del plan. Son 638.166 euros que tienen como primer objetivo garantizar ayudas básicas a la población como alimentación, vestido, gas, agua, luz o mobiliario.

Los tres grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y CáceresTú --Podemos--) van a estar vigilantes con el cumplimiento del plan de rescate, que debe llevarse a la práctica por un gobierno que está en minoría. La mejor prueba de ese control es lo ocurrido esta semana.

El gobierno municipal firmó el pasado miércoles un acuerdo con Iberdrola para que antes de que se corte el suministro de electricidad se informe al Instituto Municipal de Asuntos Sociales con el fin de ayudar al abonado que no pueda pagar.

Pero esto no se había tenido en cuenta con un suministro de titularidad del ayuntamiento, como es el agua, en el que se ha venido actuando según el reglamento del servicio, que no es nuevo, está publicado desde septiembre de 2011. Es con este reglamento y con la ordenanza fiscal con los que se ha operado durante los últimos años.

En el reglamento se establece que en una situación de mora o impago se podrá proceder al corte del servicio previa resolución dictada por el ayuntamiento, antes se habrá tenido que cumplimentar el trámite en vía ejecutiva con las garantías y plazos suficientes para que el abonado pueda hacer frente al pago.

El reglamento no especifica quién es el que firma la resolución. El portavoz del PSOE, Luis Salaya, ha pedido esa información porque entre los afectados por cortes de agua hay residentes de viviendas sociales. Estos cortes, que se realizan de forma periódica, afectan a toda la ciudad y no solo a viviendas, sino también a locales.

ESA FALTA de previsión para introducir cambios o añadidos en el reglamento del servicio o en la relación contractual con la empresa concesionaria Canal de Isabel II, cuando además se estaba redactando un plan de rescate que hace hincapié en garantizar los mínimos vitales de luz y agua, es lo que se ha corregido ahora. Antes de cortar, la empresa deberá informar a los servicios sociales municipales, que tendrán que valorar las condiciones en las que se encuentra el usuario para garantizarle unos mínimos que le permitan mantener un servicio esencial como el agua.

Esto lleva también a un tercer hecho que se ha mencionado poco. Si se quiere dar más contenido social a la política del ayuntamiento, para garantizar servicios básicos a la población que lo está pasando peor y elaborar informes sobre la situación del usuario antes de un corte del agua o del suministro de energía, habrá que reforzar el instituto de Asuntos Sociales, transfiriendo personal de otras áreas si no se pueden hacer contrataciones por las limitaciones del techo de gasto.

Otro compromiso que se tendrá que atender en cuanto se apruebe definitivamente el presupuesto es la convocatoria con un procedimiento abierto para que asociaciones y grupos puedan optar a las subvenciones para organizar actividades culturales. Las ayudas, son 64.300 euros, ya no son nominativas.

Esta fue una de las condiciones que puso el grupo municipal socialista para abstenerse y permitir la aprobación inicial de los presupuestos. Pero si este procedimiento se demora, se va a ocasionar un perjuicio a la veintena de festivales y actividades culturales que necesitan conocer con antelación con qué aportación del ayuntamiento podrán contar para hacer las programaciones. El concurso debería convocarse en breve y estar resuelto antes.

Tercera cuestión que no debe esperar es sacar a enajenación las parcelas municipales, incluso se debería hacer una nueva tasación a la baja, ya que los precios son los mismos que los de años anteriores, cuando no se vendieron. De estas parcelas depende la financiación de la mayoría de las inversiones. En el capítulo 6 se puede presupuestar un montón de cosas, lo que se quiera, pero si la fuente de financiación no sirve, no se harán. Operaciones como la de la parcela del parque del Rodeo que se vendió por 8 millones en 2003 para destinarlos a inversiones ya pasó a la historia, eso no volverá a ocurrir.

HAY UN cuarto asunto importante, este es de gestión, y es que se tiene que evitar la acumulación de deuda. No la del personal y los bancos, que son los primeros que cobran, sino la de las empresas suministradoras, proveedores, autónomos y las compañías que tienen la concesión de la gestión de servicios, que están adelantando el dinero.

A finales de 2015 se hicieron dos actuaciones para reducir esta deuda (6,9 millones que adelantó el organismo de recaudación y gestión tributaria de la diputación y 5,1 millones de una operación de tesorería con Liberbank). Habrá que esperar a ver cómo se ha cerrado la liquidación de 2015 y si es mejor que la de 2014, que acabó con una deuda de 21,1 millones de operaciones pendientes de pago y de 3,9 millones de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.