El Consejo Consultivo de Extremadura ha dictaminado que el acuerdo del pleno de Sierra de Fuentes que en el 2005 aprobó la constitución de una sociedad mixta, integrada por el ayuntamiento y la constructora cacereña Abreu, para desarrollar una urbanización de viviendas en 80 hectáreas de terreno del municipio "es nulo de pleno derecho".
Y además de dictaminar que "vulnera todas las normas administrativas" y que, por tanto, debe anularse, según ha podido saber este diario, el citado Consejo Consultivo llega a insinuar en su informe que de dicho acuerdo pudieran incluso derivarse responsabilidades, que pudiera haberse incurrido en un posible delito de prevaricación.
Así lo indicaron ayer a EL PERIODICO fuentes de la Fiscalía de Extremadura, quienes indicaron que este dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura supone un avance en los procesos judiciales que se encuentran abiertos por este caso.
Todo se deriva del acuerdo que el pleno del Ayuntamiento de Sierra de Fuentes adoptó en marzo del 2005 para la firma de un convenio de ejecución urbanística con la constructora Abreu. Ya en su día, recordaron las fuentes consultadas, la Junta de Extremadura impugnó aquel acuerdo "por entender que vulneraba toda norma urbanística", presentando un recurso contencioso-administrativo y solicitando al mismo tiempo al ayuntamiento que él, de oficio, anulase el acuerdo. De esta causa se hizo cargo el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres, donde se siguen instruyendo diligencias.
Posteriormente, tras la moción de censura que en el 2006 desbancó al anterior alcalde, Andrés Guerra Guerra (IU), llegó a la alcaldía el hasta entonces compañero de equipo, Julián Polo. El nuevo equipo de gobierno que resultó de la moción, y que integraron Julián Polo como alcalde y los cuatro ediles socialistas, inició los trámites para anular de oficio el mencionado acuerdo de convenio urbanístico por el que se constituyó la sociedad mixta Ayuntamiento-Abreu. Según fuentes de la fiscalía, "inició los trámites, pero no pudo hacer nada más porque necesitaba el previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Extremadura, del que hoy ya dispone".
PROCEDIMIENTOS Ahora, con el dictamen del Consejo Consultivo ya emitido se confía en que se concluya el proceso que instruye el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Cáceres, donde se encuentran tanto el recurso de la Junta solicitando la anulación del acuerdo aprobado por la corporación que presidía Andrés Guerra, así como la demanda que la constructora Abreu presentó contra el posterior acuerdo que adoptó la corporación ya con Julián Polo de alcalde de anular de oficio el convenio urbanístico suscrito con ellos "por sentirse gravemente perjudicada".
Por otra parte el fiscal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan Antonio Galán, investiga la denuncia que en relación también con el mismo convenio urbanístico interpuso en marzo pasado Julián Polo Guerra en la Fiscalía. "Ha denunciado el acuerdo de la anterior corporación, presidida por Andrés Guerra, por entender que la aprobación de aquel convenio urbanístico y todo lo que de él se deriva podría suponer un delito de prevaricación, que no solo supone una infracción administrativa, sino también penal".
Y en ello se centra la investigación del fiscal, en tratar de determinar si con la aprobación de este convenio urbanístico se incurrió o no en una infracción administrativa, y si existe o no delito de prevaricación.
Ambos procesos están abiertos.
