Los siete imputados por supuestos malos tratos a los menores acogidos en el hogar Julián Murillo de la ronda de San Francisco, ya han declarado ante el juez que instruye la causa. Ayer lo hicieron las tres últimas cuidadoras inculpadas que, como el resto, negaron las acusaciones de malos tratos habituales físicos y psíquicos a los niños denunciados en verano por dos trabajadoras del centro y por lo que, a instancias de la Fiscalía, se abrió una investigación judicial para esclarecer los sucesos.

Tras las declaraciones de los imputados, 5 mujeres y 2 hombres, el juez del juzgado de instrucción número 1 decidirá ahora si practica nuevas diligencias, como tomar declaración a las denunciantes y a otros testigos, para ahondar en la investigación.

Los abogados de los imputados pedirán el sobreseimiento de la causa ante la denuncia genérica que se ha realizado, en la que no se concretan fechas de los hechos excepto en dos casos, y la falta de pruebas, según explicó el letrado de cuatro de las imputadas, Angel Luis Aparicio.

Este abogado informó ayer que la propia Fiscalía realizó en el mes de julio, el mes antes de que se interpusiera la denuncia, la inspección reglamentaria de control y vigilancia obligatoria en estos centros y que, entonces, no se detectó ninguna anomalía en el trato a los menores. "Es una inspección individualizada, niño por niño, y se dice que son malos tratos habituales que se acallan con un pacto de silencio, pero jamás se ha abierto ningún expediente", detalló.

La denuncia partió de dos trabajadoras de la Junta de Extremadura contra los empleados que dependen de la diputación, ya que en este centro convive personal de las dos administraciones. Los imputados atribuyen a una lucha interna las acusaciones, ya que estas se dirigen solo a una parte del personal, el que depende de la diputación. La Fiscalía, sin embargo, consideró que había indicios suficientes para que se abriera una investigación.