El Defensor del Pueblo ha concluido la investigación que inició en 1999 a raíz de una denuncia de la asociación conservacionista Adenex, en torno a la cantera del Pradillo, que gestiona la empresa Aridos Núñez. El informe arroja que la explotación "sigue careciendo de licencias municipales de actividad y obras, sin las que no debería siquiera de haber comenzado a funcionar" y que carece de las medidas correctoras de impacto ambiental.

En sus diligencias, el Defensor del Pueblo, considera que las administraciones deben actuar convenientemente para resolver los problemas planteados. Añade que la sugerencia dirigida a la Consejería de Economía y Trabajo ha sido "injustificadamente desatendida", por lo que incluirá este asunto en su informe anual a las Cortes Generales.

El informe explica que la consejería "no ha impedido resueltamente que la explotación minera continúe durante años su actividad, limitándose a imponer a su titular meras obligaciones documentales sobre aquellos aspectos que siguen pendientes de restitución ambiental".

En lo que se refiere al ayuntamiento, el Defensor del Pueblo considera procedente "formular a su alcaldía el recordatorio del deber legal que le incumbe de velar por la legalidad urbanística y el correcto funcionamiento de las actividades clasificadas en su término municipal".

En este sentido, insta al ayuntamiento a la incoación de los "correspondientes procedimientos sancionadores". Adenex, asociación que ha facilitado el informe a este diario, recuerda cómo el Defensor afirma que el ayuntamiento, en este asunto, "se ha limitado a dar órdenes de paralización inejecutadas, ya que los trabajos en la cantera prosiguen incumpliendo la legislación urbanística, minera y ambiental".

CRITICA Y RESPUESTA Pero además, el informe critica la actuación de la Consejería de Economía, al "no haber hecho efectiva --dice Adenex-- la sugerencia del Defensor para que exigiera al titular de la explotación la subsanación de las graves deficiencias ambientales detectadas".

Por su parte, el director general de Ordenación Industrial de la Junta, Alfonso Perianes, indicó ayer que el informe del Defensor entiende "que hay un incumplimiento en materia medioambiental", pero recordó que cuando se dio la declaración de impacto ambiental a esa cantera se la obligó a asfaltar el camino de acceso, "lo cual --señaló Perianes-- ya es una condición bastante dura porque es la única cantera de Extremadura que tiene asfaltado el camino de acceso".

Además, tenía que envejecer los frentes que no estaban activos, "algo a lo que no se puede proceder porque la cantera está activa". Por último, en cuanto al impacto paisajístico, Perianes dijo que una paralización de la cantera hubiera causado efectos sobre el empleo y la inversión.

Por eso, según Perianes, "con posterioridad Medio Ambiente pidió a la empresa que elaborase un plan director a largo plazo para la restauración cuando la actividad finalice en esta explotación". Añadió que "el efecto paisajístico se trata de corregir con ese plan que acaban de presentar a Medio Ambiente".

Pedro Núñez, responsable de la empresa, aseguró que desconocía el informe e insistió en que la cantera cumple la normativa vigente y cuenta con los permisos de la Junta. Núñez añadió: "Lo único que quiero decir es que me dedico a trabajar desde hace 30 años y que de esa cantera dependen 60 puestos de trabajo directos y 200 indirectos". Este diario trató de conocer ayer la opinión del ayuntamiento, pero no realizó declaraciones.