El primer adjunto al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, reprocha al ayuntamiento que durante años haya permitido el vertido de las aguas residuales de la urbanización Ceres Golf al cauce del arroyo de Santa Ana, además afirma que el ayuntamiento no ha actuado con corrección ni regularidad al permitir vertidos sin depurar, no reclamar el funcionamiento de la depuradora de esta urbanización y no proponer a los vecinos del residencial alguna línea de actuación encaminada a que estos vertidos cesen.

Estas consideraciones aparecen en un informe de seis folios que tiene fecha de salida del 25 de enero y que está dirigido a uno de los residentes del Ceres Golf. Esta recriminación de Marugán es ampliable a todas las corporaciones locales de los últimos veinte años, dado que la promotora, Ceres Golf, del grupo Progemisa, solicitó en 1994 la licencia del proyecto de urbanización para la construcción de los primeros alojamientos.

Los residentes del Ceres Golf han reclamado durante los últimos años tanto al ayuntamiento como a la promotora una solución para depurar las aguas residuales. La Confederación del Tajo ha impuesto sanciones a los vecinos por unos 50.000 euros por daños al dominio público hidráulico y por vertidos no autorizados al arroyo de Santa Ana.

Marugán no cuestiona que esta urbanización sea privada, que es el argumento de las distintas corporaciones para no intervenir, incluso recoge en su informe que la promotora pidió que nunca fuese recepcionada, añadiendo que la conservación de la urbanización corre a cargo de la comunidad de propietarios.

Pero a continuación asegura que la alcaldía "parece olvidar" en los informes que se remitieron a la Oficina del Defensor del Pueblo que el alcantarillado y la depuración de aguas es un servicio público que figura entre los "exigibles" como "mínimos" a las entidades municipales.

Marugán añade que en los informes del ayuntamiento no se aclaran las causas por las que la depuradora de la urbanización, que construyó la promotora al amparo de un proyecto aprobado por la entidad local, nunca se puso en funcionamiento. Y agrega que se está ante un problema grave que no solo afecta a los residentes del Ceres Golf, sino "a todos los cacereños" en la medida de que se producen vertidos a un río. "Por lo tanto --asegura--, sin perjuicio del carácter privado o público de la urbanización, lo relevante es buscar de manera urgente la solución al problema físico de estos vertidos".

LEGALIZACION Marugán precisa que si hay dificultades para mantener la depuradora del residencial por falta de medios económicos o técnicos, la obligación del ayuntamiento "es pedir asistencia de esa naturaleza (financiera y técnica) al Gobierno de Extremadura". También recuerda que la ley de bases de régimen local reconoce a los vecinos su derecho a exigir la prestación del servicio de alcantarillado, precisando que el consistorio "debería ser el primer interesado" en que las conducciones de la urbanización estén conectadas con la red general de saneamiento al ser el Ceres Golf suelo urbano.

Marugán, quien fue diputado por Badajoz, portavoz económico socialista en el Congreso y tesorero del PSOE, entre otras responsabilidades, concluye que la legalización de los vertidos es urgente y que no es aceptable "que transcurran los años y el asunto siga sin solución", insistiendo en que se debió exigir el funcionamiento de la depuradora antes de permitiese la habitabilidad de las 258 casas del residencial.