El Defensor del Pueblo ha vuelto a remitir un nuevo escrito a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, como continuación a las cartas que ya le dirigió con fechas 15 de julio y 16 de septiembre, en las que le demanda información relativa a la gestión de la Residencia El Cuartillo de Cáceres (Asistida) durante la primera ola de la pandemia. Dicha solicitud cambia su lenguaje porque avisa al Ejecutivo autonómico de que “la ausencia de respuesta a este último requerimiento sería expresiva de una falta de colaboración de la Administración para cumplir con el deber legal impuesto por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo”.
De hecho, esta institución nacional lleva meses aguardando una respuesta de la Consejería de Sanidad, ante la petición realizada en nombre de la Asociación Damnificados Asistida Cáceres, formada por familiares de fallecidos y residentes en el centro. El Defensor del Pueblo recuerda a la Junta el “inexcusable deber de colaboración” y advierte en esta última carta de que una nueva actitud de silencio por parte de Sanidad, “daría lugar a los efectos previstos en la misma ley, incluidos el informe correspondiente a las Cortes Generales y la declaración de tal actitud como hostil y entorpecedora, según lo previsto en los artículos 18.2 y 24.1”.
En concreto, el Defensor del Pueblo ha solicitado documentación sobre los procesos que ha aplicado la residencia cacereña para frenar los contagios, las protecciones utilizadas y las medidas de aislamiento que se han llevado a cabo. Cuando la Consejería de Sanidad le envíe esta información, la analizará y decidirá si las denuncias de los familiares están lo suficientemente fundamentadas como para continuar con las actuaciones.
Por su parte, los familiares afirman que, según sus datos, en el centro ya han muerto 107 ancianos tanto por el covid como por sus secuelas hasta principios de octubre. Además del amparo solicitado al Defensor del Pueblo, también han presentado una querella por vía penal ante el juzgado, por homicidio imprudente. Insisten en que solo quieren conocer “la verdad” de la gestión que se ha llevado a cabo durante la pandemia.
