Las ayudas que concede el Ayuntamiento de Cáceres a través de su Instituto Municipal de Asuntos Sociales se doblaron en la segunda semana del estado de alerta, entre el 23 y el 27 de marzo, según los datos de la memoria que el gobierno local proporcionó a los grupos de la oposición y ediles no adscritos en la penúltima de las videoconferencias que han mantenido. En la última, celebrada ayer, se volvió a hablar de presupuesto y de gasto social.

Desde el 24 de febrero y hasta el 23 de marzo se habían tramitado 129 ayudas. El día 24 se sumaron otras 48 y en los días siguientes se añadieron 14, 23 y 20. En la memoria no se detallan las cursadas el lunes 23, sí que ese día se recibieron 64 llamadas, en su mayoría relacionadas con solicitudes de ayudas. Los importes se conceden para alimentación, alquiler de vivienda, gastos de la vida diaria y adquisición de productos farmacéuticos, entre otros fines considerados urgentes.

De momento no está agotada la partida que hay para ayudas sociales, en el presupuesto de 2020 es de 521.000 euros, pero en las reuniones que por videoconferencia ha mantenido el alcalde con los portavoces de los grupos políticos y los ediles no adscritos se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que habrá que aprobar modificaciones en el presupuesto para incrementar esta asignación económica, que no tardará en acabarse.

En la videoconferencia celebrada ayer se informó de los últimos cambios en el destino del superávit presupuestario de los ayuntamientos que permite el Gobierno. En el real decreto ley del pasado 31 de marzo, en el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito económico para hacer frente al coronavirus, se regula que como máximo se podrá destinar un 20% del superávit presupuestario a políticas de gasto social. Esto limita a 1,2 millones el dinero que el ayuntamiento puede destinar a este fin de su remanente positivo, que en 2019 ascendió a seis millones de euros.

También simplifica los trámites para la aprobación de las modificaciones presupuestarias al acortar los plazos para que entren en vigor