Poder realizar pruebas complementarias que ahora no les es posible, y evitar así tener que remitir ciertos casos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), es el fin que persigue una demanda en la que viene insistiendo año tras año el Instituto de Medicina Legal (IML) de Cáceres, que dirige José María Montero Juanes. Lo ha hecho de nuevo en su última memoria anual, en la que se hace constar que la importancia y utilización de las pruebas analíticas complementarias en el ámbito de la medicina forense "es cada vez mayor gracias a los avances científicos y tecnológicos que permiten ampliar el número de ellas y su campo de actuación". Y que ello tiene como consecuencia que la demanda de exámenes periciales que se apoyen en ellas "no deja de crecer con el fin de poder responder a las múltiples cuestiones médico-legales que se plantean en el transcurso de la instrucción de un procedimiento judicial".
Desde el IML de Cáceres se puntualiza, además, que mejorar la calidad y la utilidad de la peritación médico-legal no solo significa disponer de un mayor número de recursos y posibilidades analíticas, sino de que las que se apliquen lo sean con celeridad y rapidez "a fin de que respondan en tiempos más o menos razonables a las cuestiones formuladas". Es por ello, se añade, por lo que insisten año tras año en la "necesidad" de disponer de laboratorios con los medios suficientes que permitan que la labor pericial "sea más rápida y eficaz", y que al INTCF se remitan "solo los de mayor complejidad". Esto, concluyen en considerar, "descargaría" al citado instituto nacional "del excesivo volumen de trabajo actual", y "le permitiría poder dedicar más tiempo a la investigación, que es la base del avance y la innovación".
