Más de 140.000 familias han perdido sus casas en España desde 2008 porque no han podido hacer frente a la hipoteca. Los especialistas calculan que en Cáceres ya son un millar y afirman que los desahucios se han elevado en la provincia más del doble. El tablón que anuncia las subastas en los juzgados de la avenida de la Hispanidad está repleto, y las entidades financieras se han convertido en inmobiliarias, o casi, por el stock de viviendas que acumulan. El problema es que las personas que se encuentran en esta situación, generalmente de rentas medias y bajas, no saben cómo pedir ayuda, y cuando dan el paso lo hacen demasiado tarde.
Así lo confirma la delegación cacereña de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que subraya el "fuerte" aumento de los desahucios. "En el tablón de ejecuciones hipotecarias instalado en la última planta de los juzgados hay de todo: pisos, unifamiliares, terrenos...", explica Carlos Arjona, jefe de los servicios jurídicos y directivo de Adicae. De hecho, los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que en Cáceres se iniciaron en 2010 un total de 485 ejecuciones hipotecarias (cuando el banco acumula varios impagos, da por vencida la deuda y reclama el total), muy por encima de las 164 de 2007, las 275 de 2008 y las 350 de 2009.
Aunque esta situación es generalizada, afecta sobre todo a los ciudadanos que compraron pisos de renta libre con precios entre 60.000 y 100.000 euros. "Muchas familias se metieron en préstamos por encima de sus posibilidades, y además el banco les cubrió el 120% del precio, de modo que también compraron un coche o la cocina. Ahora no ven el modo de cumplir, y les suele faltar la mayor parte de la hipoteca", señalan desde Adicae.
Los bancos también facilitaron los créditos con carencia, de forma que los inquilinos pagaban menos al principio. "Cuando han tenido que afrontar la subida de la cuota no han podido, porque se han quedado sin trabajo, porque su negocio no funciona o porque los salarios no se han incrementado lo previsto", precisan los especialistas de Adicae. Los distritos de la capital con más pisos en esta situación son, lógicamente, los del boom inmobiliario de los últimos años, sobre todo la zona norte (Mejostilla, Macondo...).
Curiosamente, los inquilinos de viviendas de protección oficial están sufriendo menos desahucios al tratarse de inmuebles asequibles con préstamos más bajos, acordes con la realidad económica de las familias, y en muchos casos subsidiados. "Las rentas altas también sufren el problema, pero tienen más fácil buscar una refinanciación", señalan desde Adicae.
EN EL ÚLTIMO MOMENTO
El problema de los desahucios se agrava porque los afectados piden ayuda en el último momento. En lugar de solicitar asesoramiento en cuanto comienzan a tener complicaciones para pagar la cuota, acuden a Adicae tras iniciarse el proceso de ejecución hipotecaria, incluso con la orden de lanzamiento (fecha en la que deben abandonar la casa). "Vienen ya sin capacidad económica, sin posibilidad de negociación, sin información y en situaciones límite, con la ayuda familiar agotada y sin poder vender el piso por las circunstancias del mercado", explican en Adicae. "Poco podemos hacer a esas alturas. Solo caben otras opciones que no están en nuestras manos, como las movilizaciones vecinales o del 15-M, pero al final llega el desahucio", reconocen.
En cambio, si los inquilinos acuden a los especialistas cuando empiezan las dificultades con la hipoteca, tienen algunas posibles opciones, por ejemplo renegociar la forma de pago o intentar una dación, es decir, entregar la vivienda al banco a cambio de la deuda. "No siempre se logran buenas soluciones, pero cuanto más tiempo pase, peor, porque se abre el procedimiento judicial y hay que afrontar también costas e intereses".
INSOLVENTES DE POR VIDA
De hecho, muchos ciudadanos en situaciones críticas se plantean finalmente quedarse como insolventes, manteniendo siempre una nómina baja y sin propiedades a su nombre, porque el intento de embargo es continuo.
Por todo ello, Adicae exige al Gobierno la aprobación "urgente" de una moratoria a los embargos para evitar que en los próximos meses se multipliquen las personas que se ven en la calle. "Nuestra propuesta es que puedan tener dos años de margen y que posteriormente se estudie la forma de pago", explican.
